Los embargos laborales han sembrado el terror en los ambientes empresariales, pues muchos de ellos se originan por los asuntos más triviales y ejecutan de la forma más arbitraria que uno pueda imaginarse.
Las empresas de zona franca han sido víctimas de estos atropellos y muy recientemente el mundo vio por las redes del Internet la manera salvaje en que una turba acompañada de policías y abogados se presentó en un hotel de la zona turística de Bávaro lleno de extranjeros con la orden de un juez que aceptó como válido una demanda comprada a cuatro obreros ilegales haitianos que exigían el pago de una suma a la empresa constructora del inmueble, no a la compañía hotelera, víctima de tan insólito atropello.
También se dio el caso de un embargo a una industria acusada de haber descontinuado el servicio de comida a un trabajador haitiano que no era su empleado. Por ese camino este país no llegará a ningún lado y quedará rezagado en la estéril discusión en que la demagogia y la corrupción lo han mantenido desde su misma fundación como república. Contrario a lo que muchos piensan, las leyes laborales dominicanas no son aliadas fieles del trabajador, pues no alientan la inversión ni fomentan la necesaria estabilidad y seguridad en las que el capital debe desenvolverse como fuente de promoción de empleos.
Nadie cuestiona el valor que en su momento representó en términos laborales el Código de Trabajo. Pero han transcurrido décadas desde su promulgación y el mundo y la sociedad dominicana han cambiado desde entonces y ese texto es ya una obsolescencia que debe ser reformado para adecuarlo a las nuevas realidades, en beneficio de una armónica relación laboral, basada en la responsabilidad que a cada parte corresponde. Una relación que impulse la creación de empleos bien remunerados y garantice la tranquilidad empresarial, libre de tan terribles amenazas.