La designación por el presidente Danilo Medina de una comisión independiente, integrada por líderes religiosos y empresariales y personalidades de la sociedad civil, con autoridad para investigar denuncias muy sonadas de corrupción, se enmarca en el sendero correcto, dentro de la obligación legal y moral contraída con el ejercicio del cargo.
Todas las energías del país parecen haberse concentrado en una discusión que nubla el entendimiento y lo divide. Hay programada una marcha el domingo 22 del presente para protestar contra la corrupción y exigir el cese de la impunidad. El tema es viral en las redes. A muchos de los convocantes les mueve una preocupación sincera. A otros los sentimientos más diversos.
La marcha se dará y ese es un legítimo derecho en un ambiente democrático como el que, a Dios gracias, vivimos. Pero los gritos de protestas no son ni serán suficientes. Hacen falta acciones y el clamor camina en esa dirección. Por tanto, sería incongruente que la respuesta correcta del gobierno a ese reclamo no encuentre el endoso que necesita para alcanzar un objetivo común, el cual no es otro que un clima de transparencia garante del buen y racional uso de los recursos públicos. Criticar la iniciativa presidencial o rechazar la responsabilidad de actuar en favor de lo que se reclama constituiría un acto de inconsistencia imperdonable.
Si de mí dependiera agregaría la designación de un Fiscal Especial con autoridad para investigar los casos de corrupción ocurridos en los últimos 20 años, a sabiendas de que algunos de ellos podrían quedar fuera de investigación por mandato legal. Y para garantizar la independencia de sus actuaciones, le pediría a la FINJUS una terna de abogados con el bagaje requerido para cumplir con esa noble tarea. La idea de que cuanto sale del ámbito oficial tiene doble propósito hunde al país dentro de un oscuro y profundo agujero de arena movediza.