“Los países desarrollados tienen leyes flexibles de cumplimiento estricto; en cambio, los subdesarrollados tienen leyes estrictas de cumplimiento flexible. Mientras no se respeten las leyes y no exista confianza… tendrán que seguir endeudándose para mantener sus economías a flote.” (Rudiger Dornbush)
Cuarenta y dos jueces del ministerio público elevaron, recientemente, un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo con el propósito de evitar que el Presidente Medina promulgara la ley de presupuesto que regirá para el 2014. Ellos demandan que se le asigne al Poder Judicial el 2.66% del presupuesto general del Estado (unos doce mil millones de pesos adicionales), establecido en la ley 194-04. Alrededor de una decena más de instituciones del Estado, entre las que se encuentran los municipios, el congreso, la Cámara de Cuentas, la UASD y el Banco Central, pudieran también demandar que se les asigne el porcentaje que establecen sus respectivas leyes especializadas. Si ese fuera el caso, el gobierno tendría que procurar recursos presupuestarios adicionales por un monto cercano a los RD$60 mil millones, o realizar una nueva distribución del presupuesto.
Lo primero que debemos destacar es que se trata de un grave problema institucional. Es difícil comprender que en una misma ley (la ley de presupuesto) se consignen tantas violaciones a las leyes que especializan fondos para una amplia gama de instituciones públicas. Es un pragmatismo que ha ido generando una cultura de que las leyes tienen un carácter meramente indicativo. Y el Tribunal Superior Administrativo tendrá que elegir entre lo pragmático y lo legal, cuando el 3 de diciembre conozca el recurso de amparo de esos cuarenta y dos jueces.
Estas leyes que especializan una proporción cada vez más creciente de los ingresos presupuestarios se han ido acumulando por décadas, dependiendo de las circunstancias políticas y sociales de nuestro país. Son tan numerosas que se pudiera pensarse que ellas son un símbolo de la desconfianza que el liderazgo político se profesa entre sí, y de su baja credibilidad ante la ciudadanía. Pero el resultado ha sido el mismo: su promulgación no ha evitado que el incumplimiento haya sido la norma. Aunque debe reconocerse que el Presidente Medina ha dado un paso de avance con la aplicación del 4% para la educación.
El hecho es que debe dársele una salida institucional a un problema que tiene tantas derivaciones para la propia credibilidad de la gestión pública. No debe darse la fundamentada impresión de que la normativa es de cumplimiento selectivo. Si esas leyes especiales no tienen una racionalidad económica que las justifiquen y, por lo tanto, debieran ser modificadas o eliminadas, entonces se debe seguir el camino apropiado; esto es, enviar al Congreso los respectivos proyectos de ley para su reformulación o adecuación.
En un sentido más general, el conjunto de leyes especiales obliga a destinar un porcentaje superior al 50% de los ingresos tributarios para las instituciones incluidas en ellas, y si a esto agregamos los compromisos por servicio de la deuda más el pago de nomina publica y el subsidio eléctrico es lógico suponer que la situación fiscal es inviable, desde una perspectiva financiera. Ha sido la política la que le ha dado esa rigidez estructural al gasto público. En el caso de la nomina publica, la Republica Dominicana tiene un altísimo porcentaje de la fuerza laboral empleada en el sector público. Tomando una muestra de siete países de la OCDE (Alemania, Canadá, Francia, Japón, Reino Unido, Australia y Estados Unidos) y haciendo un promedio ponderado de la participación del empleo público en la fuerza laboral se tiene que aproximadamente el gobierno emplea 2.5% de esa fuerza laboral, en contraste con cerca del 10% que es empleado del gobierno en el caso dominicano. Es una diferencia abismal.
El gasto público necesita de una profunda revisión, conscientes de que hacer esto significaría someter al escrutinio público un proceso que podría tener importantes costos políticos, pero no hay otra manera de hacerlo. Los avances institucionales son difíciles precisamente por esos costos políticos y por los beneficios que son generados por un caos debidamente organizado. Por eso, con innecesaria frecuencia, se sigue el camino más fácil que, sin dudas, es endeudar más al país.
Asumir los costos políticos de las decisiones de políticas públicas que mejoran nuestras perspectivas de desarrollo es una obligación de un liderazgo político responsable. Para muchos, la política es “el arte de lo posible”, con lo que descartan cualquier acción que implique algún costo importante. Me parece mucho más convincente una visión de la política que la defina como “el arte de hacer posible lo necesario.” De lo contrario, se seguirán postergando las transformaciones institucionales que son básicas para organizar este país, y, en algún momento, superar el atraso y la pobreza.
@pedrosilver31
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