Ha sido en extremo laboriosa la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa que acaba de concluir en la ciudad de Cartagena en Colombia, abordando una compleja agenda de situaciones y retos que ponen en riesgo la libertad de prensa en distintos países del Continente.
Al caso ya tradicional y persistente de Cuba, con una prensa amordazada y sometida por entero a los patrones de censura del gobierno, se han sumado ahora las agresiones y amenazas en Nicaragua y Venezuela, así como medidas de imposición de contenido electoral y de propaganda en Bolivia, República Dominicana y Uruguay.
Adicionalmente, la SIP enfocó la falta de leyes de acceso a la información en Puerto Rico y Barbados, así como de regulaciones penales y demandas por millones de dólares para doblegar y silenciar a periodistas en Panamá y Argentina. Tanto en este último como en Canadá y los propios Estados Unidos destaca la persecución a periodistas a fin de obligarlos a revelar sus fuentes informativas confidenciales.
Otro ángulo novedoso que debió enfocar la SIP en su exhaustivo repaso de la libertad de prensa y expresión en la región, es el planteado por los intentos de regular y sancionar la comunicación digital y el flujo de información en las redes sociales así como normar el uso de los datos aspectos, lo que a juicio del organismo periodístico pudiera estar marcando una tendencia a la censura en Argentina, Perú, Chile, Costa Rica y Ecuador.
En esta oportunidad, la República Dominicana tuvo un papel protagónico destacado. Tanto Miguel Franjul, director del Listín Diario, como Adriano Miguel Tejada, del Diario Libre, ambos miembros de la Junta de Directores de la SIP, rindieron detallados informes poniendo a conocimiento del pleno potenciales amenazas contra el ejercicio de la prensa libre en el país.
Por separado pero de manera coincidente, se refirieron de manera específica a dos que serían como espada de Damocles pendiendo de manera amenazadora sobre el libre ejercicio periodístico.
La primera es la que figura en la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y la otra el que contempla la ley electoral con fuertes penalidad de tres hasta diez años de prisión en base a criterios muy confusos y vagos sobre presuntos delitos de difamación e injuria, que en este caso son tipificados simplemente como “comentarios negativos”.
Ambas leyes son consideradas como una especie de blindaje de que se ha provisto la clase política para quedar a cubierto del escrutinio público posibles actos escandalosos o de probable corrupción de partidos y candidatos, incluyendo el financiamiento de campaña con recursos provenientes del narcotráfico y el crimen organizado.
Como endoso a su informe, tanto Franjul como Tejada hicieron énfasis en el hecho de que en el último semestre, se han registrado en el país 14 casos de periodistas que han sido víctimas de maltratos, agresiones y hasta amenazas de muerte por parte de agentes policiales y efectivos militares cuando llevaban a cabo la cobertura informativa de distintos eventos, en su mayoría de carácter político.
Es obvio que el registro de todas estas amenazas, riesgos y medidas restrictivas relacionadas en el informe de la SIP muestran un preocupante cuadro de agresiones y retos para el ejercicio de la prensa libre, y por extensión de la libertad de expresión ciudadana en su sentido más amplio.
Esto así, más aún, cuando el organismo, creado en La Habana en 1943 y que agrupa más de mil trescientos diarios, revistas y agencias informativas de América, conoció y condenó la muerte violenta de ocho periodistas en el pasado semestre, seis de ellos ocurridos en México, que se suman a las decenas asesinados y desaparecidos en el Continente durante la última década, confirmando por nueva vez el alto riesgo que comporta la profesión periodística a nivel regional.