“Solamente cuando el país esté completamente electrificado, cuando la industria, la agricultura y el transporte estén montados sobre las bases tecnológicas de la producción moderna a gran escala, solamente entonces nuestra victoria estará completada.” (Vladimir Ilyich Lenin)
La decisión gubernamental de instalar dos plantas de generación eléctrica en base a carbón ha concitado la atención pública, sobre todo por la profusa publicidad que ha utilizado la CDEEE para convencer al país de la conveniencia de esa operación. Sin embargo, hay varios temas vinculados con este proyecto que pudieran levantar serios cuestionamientos a su viabilidad como solución inicial al grave problema eléctrico que sufren los dominicanos.
El primer tema tiene que ver con el rol, en sentido general, del Estado como empresario; y como generador de electricidad, en particular. A finales de los 90’s se inició un proceso parcial de privatización del sector eléctrico. Bajo un esquema que pretendía ser exitoso combinando la gestión pública (50%) y la gestión privada (50%), se logró un hibrido que inicialmente tuvo su impacto positivo, pero que con el tiempo se fue diluyendo hasta que a principios del presente siglo se inició una reversión gradual, pero sostenida, del proceso de privatización. Curiosamente, en un proceso donde había dos socios con igual ponderación en la propiedad societaria, se les atribuye a los socios privados el fracaso del negocio. Pero pudo ser todo lo contrario. O, por lo menos, pudo haber sido una responsabilidad compartida entre ambas partes. El asunto es que a partir de ahí se impuso la visión estatista del sector eléctrico.
Luego que las autoridades concluyeron que era necesario ampliar la capacidad de generación eléctrica era preciso determinar correctamente de quién era la responsabilidad hacer la inversión. ¿Del gobierno? ¿Del sector privado? La falta de interés del sector privado, tanto nacional como extranjero, no debió interpretarse equivocadamente, y llegar rápidamente a la conclusión de que el gobierno asumiera esa responsabilidad. La cuestión fundamental era identificar y remover las barreras institucionales que bloqueaban (y todavía bloquean) el flujo de inversiones privadas en el sector eléctrico. Este era el camino más largo, pero más eficiente.
Veamos, pues, las derivaciones de este hecho ya consumado (por lo tanto, no tenemos interés en boicotearlo). De entrada, el gobierno tendrá que endeudarse en unos USD2,000 millones en el curso de los próximos tres años; es decir, a un ritmo por encima de los USD600 millones por año, dependiendo del cronograma de ejecución de la obra. Esto ocurrirá en el contexto de una deuda que ya representa una pesada carga para las finanzas públicas. Esta es una situacion suficientemente poderosa como para pensarlo dos veces antes de comprometer al Estado con esta inversión con vocación de “elefante blanco”.
De acuerdo con la adjudicación de la licitación, las dos plantas a carbón agregarían uno 750 MW a la capacidad instalada en la generación de energía eléctrica, aproximadamente un 20% de la capacidad instalada actualmente. Cuando ambas plantas estén operando a plena capacidad se esfumarán unos 260 MW, como resultado de las perdidas técnicas y de distribución. Esto se
traducirá en mayores requerimientos de subsidios, ya sea a través de la vía directa del presupuesto público, o a través de la venta de la energía, entre empresas públicas, a precios artificialmente bajos. Se trata, en realidad, de un escenario optimista, pues si esas dos plantas generadoras van a ser administradas bajo los mismos criterios con que han sido gestionadas las empresas públicas, entonces habría mucho más razones para esperar lo peor.
En el esquema vigente, mientras mayor es la energía servida mayor es el subsidio requerido para mantener el sistema a flote. Estamos echando energía en un barril sin fondo que se traga cada año más de USD1,000 millones en forma de subsidios. Una verdadera aberración financiera, que solo puede ser solucionada con una verdadera voluntad política.
Es posible incrementar en un 20% (equivalente al aporte combinado de ambas plantas) la energía disponible para los consumidores mediante un plan de inversiones dirigido a mejorar la infraestructura de distribución de electricidad en un plazo similar al tiempo que tardará en construirse esas nuevas plantas; a lo que habría que agregar un mayor esfuerzo para mejorar las cobranzas. Sin embargo, esto no podrá ocurrir en el marco de una visión fallida que privilegia al gobierno como empresario. El gobierno debe salir del negocio de la electricidad y reorganizar el marco regulatorio de dicha industria con el propósito de crear las condiciones que permitan el desarrollo de un saludable sector eléctrico. No nos oponemos a la ampliación de la capacidad de generación, pero las urgencias que tiene el sector deben ser priorizadas de acuerdo con criterios de eficiencia que con frecuencia entran en conflicto con los intereses políticos. Un cambio de visión sí sería el inicio de la solución…