El Poder Judicial en nuestro país cuenta con magistrados buenos y muy buenos, competentes, inflexibles a la hora de dictar sus fallos con estricta aplicación a la ley, inmunes al soborno, a la presión oficial, privada y mediática.
Y cuenta, también, con otros malos y muy malos, que burlan las normas legales a capricho y conveniencia de determinados intereses, capaces de emitir los más cuestionables fallos sin rubor, de espinazo flexible y moral a ras de tierra.
Donde la virtud no es noticia, las sentencias de los primeros por esperadas en buena lógica, son poco publicitadas. En tanto, las emitidas por los últimos son las que ocupan los titulares y principales espacios mediáticos por el asombro y escándalo que generan. Lamentablemente son estos los que proyectan la imagen y dan la tónica de una Administración de Justicia corrompida y carente de fiabilidad.
De ejemplo, dos casos recientes otorgando credibilidad a sendas informaciones aparecidas en la prensa.
Primero el del tal “Quirinito”. Llamado así por ser sobrino del más notorio narcotraficante dominicano, el ex militar y capo de la droga, Quirino Paulino. En estos momentos la Procuraduría General está investigando lo ocurrido con el y la extraña trayectoria de su caso. Con clara vinculación al mismo negocio que permitió a su tío levantar una gran fortuna, fue acusado, juzgado y condenado por homicidio a 30 años de encierro.
Andando el tiempo, el juez de la pena dispuso su traslado a la cárcel de San Francisco de Macorís para que estuviera cerca de sus padres (que posteriormente un tío desmintió residieran en esa ciudad).
Un singular privilegio concedido a un homicida de alta peligrosidad. Poco después, la jueza de la pena en su nuevo destino, dispone su traslado al hospital para recibir terapia. Y aquí viene lo bueno…cuando termina su tratamiento no lo devuelven a la prisión sino que el juez ¡lo envía a su casa (¿?) por seis meses¡ sin siquiera vigilancia ni la famosa tobillera de seguimiento electrónico, teniendo pendiente de cumplir un largo resto de su sanción.
Poco después es reportado como fallecido. Ahora existe la sospecha de que haya sido una muerte simulada para encubrir su fuga. Algo que suponemos no será difícil de descubrir si exhuman sus restos y Patología verifica su autenticidad, o en última instancia, se apela a la prueba del ADN que ofrece la moderna tecnología como de irrefutable identificación.
El otro caso no cede a este en características difíciles de entender, menos aún de justificar.
En Santiago, una jueza de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente dejó en libertad mediante garantía económica al joven Eddy Hamburgo, uno de los tantos fallos similares que se dictan a diario cuando las circunstancias se ajustan a las normas establecidas en el Código Procesal Penal para justificar ese tipo de decisión.
Pero atención: aquí se produce la torcida interpretación y aplicación de las mismas. El beneficiario, quien reside en los Estados Unidos, llegó al país con documentos falsos, huyendo de la justicia norteamericana.
Está reclamado por nada menos que siete cargos criminales mayores. La relación no puede resultar más llamativa: agresión con armas de fuego, destrucción de propiedad, agresión y robo con arma peligrosa, agresión a un familiar, posesión de arma peligrosa de fuego sin licencia y tentativa de asesinato. Todo un rico prontuario delictivo que lo acredita para los mayores empeños. Y un antecedente.
¿Saben quien fue la jueza que lo liberó? La misma que en el 2015 puso en la calle a una domínico-estadounidense implicada en un tráfico de armas de fuego a través del aeropuerto del Cibao, la cual no demoró en desaparecer hasta el día de hoy.
Si el favorecido en este caso fue capaz de burlar los mucho más eficientes mecanismos de control de que disponen las autoridades norteamericanas, no hay que ser muy imaginativo para suponer que tiene todo a su favor para esfumarse sin mucho esfuerzo. Basta con recordar la facilidad con que inmigrantes ilegales pasan por la frontera hacia este lado de la isla, una vía bastante expedita para realizar el trayecto en sentido contrario.
El juicio sobre el proceder de los magistrados actuantes en ambos casos queda a criterio de cada quien. Por nuestra parte, sin prejuzgar sus motivaciones y proceder, entendemos que lo menos que procede es que el Consejo del Poder Judicial los llame a capítulo.
Porque en adición a la timidez que se le imputa en los casos de corrupción administrativa, son este tipo de disposiciones y fallos tan cuesta arriba de entender, los que marcan la pauta del bajo nivel de credibilidad que se le concede a la Administración de Justicia en nuestro país, ensombreciendo el comportamiento de los magistrados que honran la toga y la autoridad de que están investidos.