Mafia de combustibles y alianza Martí-Total

“Los pueblos de Nuestra América deben tener bien presente las consecuencias de las asociaciones de determinadas empresas transnacionales y locales, y en esta entrega destacamos un caso en el que el tema se relaciona no solo con las ventajas mutuas, sino también con el binomio corrupción-impunidad.”

El GRUPO MARTÍ  y la trasnacional francesa TOTAL ENERGIES, representada en República Dominicana por la V ENERGY S.A. RD, anunciaron recientemente,  en los siguientes términos, lo que ambas partes denominan  una “alianza estratégica” en el sector energético:

“Total Energies, compañía multi-energética a nivel mundial y con presencia local desde el 2010, y MARTÍ, grupo empresarial con más de 60 años de servicio en República Dominicana y presencia en Centroamérica y el Caribe, anunciaron una alianza estratégica con el propósito de acompañar al país en la transición energética.

Esta alianza resultará en un conjunto económico de participación 50/50, uniendo las marcas Total Energies, Sunix y Tropigas Natural, que pertenecen a MARTÍ, en una red de más de 190 estaciones de servicio, que serán operadas bajo la marca Total Energies.”

“Asimismo, se expandirán las actividades comerciales de ambas empresas en la distribución de gas natural, combustibles, lubricantes, solar y otras energías renovables, reforzando su posición de liderazgo en este mercado”

…”Se espera que el cierre de este convenio ocurra en el tercer trimestre del año, sujeto a las aprobaciones correspondientes” (Semanario EL Dinero, 4 de agosto 2022)

Total S.A. es el cuarto grupo privado petrolero y gasista a nivel mundial y primera empresa del sector en Francia, su país de origen. Sus ramas de negocio abarcan toda la cadena de la industria petrolera: exploración, producción,​ prospección, refinado, distribución, trading y transporte

·         LO QUE NO SE VE EN EL ANUNCIO DE ESTE PACTO.

Ciertos antecedentes de las operaciones del Grupo Martí en nuestro país no han salido a relucir en esta importante información, por lo que me parece imprescindible rememorarlos tal como fueron denunciados en el 2017 para entender las profundidades y los intereses y propósitos que han motivado esa alianza.

Comienzo por recordar que en esa ocasión Marcha Verde, a raíz de un conjunto de informaciones publicadas sobre lo que entonces se denominó  “mafia de los combustibles” y su forma de operar en el aérea del gas propano y otros combustibles, sometió al Ministerio Público una denuncia penal que inculpa al ex-ministro José del Castillo Saviñón y a Coastal, empresa perteneciente al Grupo Martí.

Esa denuncia fue bloqueada por un MINISTERIO PÚBLICO  y un “Sistema de Justicia”  controlado por el ex procurador Jean Alain Rodríguez y el ex presidente Danilo Medina, cabecillas del régimen de corrupción e impunidad que relevó, le dio continuidad y potenció la nefasta trayectoria iniciada por el ex presidente Leonel Fernández en los 20 años que le tocó gobernar al PLD y a grupos y sectores aliados, incluida la cúpula del CONEP y a los 10 principales mega-millonarios, ahora con más poder en el Gobierno de Luis Abinader.

Entonces, parte de los fundamentos que sustentaron la existencia de esa mafia público-privada , pueden resumirse así:

Dos grandes empresas importadoras de gas propano-GLP, la COASTAL y GEOGAS, sirvieron de instrumentos para la conformación de una mafia estatal-empresarial en ese sector, a beneficio de sus dueños y de la alta jerarquía del Estado y del Partido de la Liberación Dominicana-PLD, incluido relevantemente el ex-ministro JOSÉ DEL CASTILLO SAVIÑON, con el apadrinamiento del PRESIDENTE DANILO MEDINA y de su Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, generalmente encargado de ese tipo de asuntos empresariales-gubernamentales.

Del Castillo Saviñón ganó puntos en los gobiernos del PLD por su eficiencia en obtener fondos de empresarios privados para la elección fraudulenta de Danilo Medina en el 2012 y su reelección, todavía más  espuria, en el 2016.

Peralta, está entre las principales alcancías de Danilo Medina.

COASTAL responde al Grupo Martí, fundado por Carlos Martí, dueño también de TROPIGAS, METRO GAS, SUNIX, VOLVO…

GEOGAS está dirigida -con participación soterrada de ciertos jerarcas de PLD- por el magnate ARTURO SANTANA, que primero  se asoció a LEONEL FERNÁNDEZ  y a LUIS MANUEL BONETTI, Ministro de la Presidencia, y luego pactó con DANILO MEDINA.

La ruptura de ese último acuerdo se produjo más tarde en vista de los graves déficits que afectaban al gobierno de Medina y de la necesidad de obtener ingresos que durante seis años se le asignaron a la  mafia del GLP.

Tal ruptura contó con la insistente recomendación y el respaldo del magnate PEPÍN CORRIPIO y otros grandes empresarios disgustados por la “competencia desleal” (cuando no le conviene) e interesados en avanzar en ese sector.

•MEMORIA DE LA OPERATIVIDAD DELICTIVA DE LA MAFIA-GLP.

Esa operación delictiva con el GLP se basó en alteraciones a los precios de los fletes marítimos, en las tarifas de aduana y almacenamiento, y en los cálculos de los precios semanales de los combustibles…apoyándose en un secuencia de resoluciones (07/2013-365 bis/2015 y en medidas que facilitaban  abultar estos renglones:

•Costos de combustibles en barco.
•Costos de transporte (fletes).
•Valor de los seguros marítimos.
•Costos bancarios.
•Cargos en el manejo de la Terminal.
•Gastos de administración de la ley.

El consumo de GLP ronda los 500 millones de galones anuales, el 30% en manos del Estado y el 70 controlado por las dos grandes importadoras denunciadas, y en esos 6 años esas resoluciones y medidas impuestas silenciosamente por el Ministerio de Industria y Comercio, han servido para elevar artificialmente el precio de paridad de las importaciones de GLP de 110 dólares en el 2011 a 225 dólares en el 2015; lo que representa un alza del 324%, muy por encima del comportamiento real de los precios del petróleo en ese mismo periodo.

La sobrevaluación por tonelada de GLP asciende a los 174.5 dólares y el pueblo pagó 14, 385 millones de pesos por el GLP consumido anualmente, con un sobreprecio de 20 a 25 pesos por cada galón.

Ese manejo posibilitó un robo al Estado, en perjuicio de los consumidores (familias humildes y medianas, choferes, usuarios del transporte y negocios que emplean GLP),  de más de 12 mil millones de pesos anuales en el periodo 2011-2017, equivalente a unos 1,000 millones de pesos mensuales que fueron a parar a las alcancías gigantes de las dos empresas mencionadas y de los jerarcas del régimen. En seís años de vigencia de esas resoluciones el total robado representó una suma de 72 mil millones de pesos. El cambio actual ronda los 60 pesos por cada dólar.

Con estos datos -cualquier Ministerio Público no comprometido con la impunidad-  tendría la primera base para construir un expediente criminal que metería en prisión al ex-ministro Del Castillo Saviñón, al propio Presidente Medina, y hasta a su ministro presidencial de asuntos turbios, José Ramón Peralta, así como a los representantes del GRUPO MARTÍ y a ARTURO SANTANA, quien comanda GEOGAS. Pero ni entonces, ni ahora, se ha emprendido la acción judicial correspondiente, todavía pendiente.

·         EL INTERÉS DE PARTE Y PARTE EN ESTA “ALIANZA ESTRATEGICA”.

Saltan a la vista los intereses particulares que movieron a concertar  esa asociación empresarial MARTÍ-TOTAL.

El Grupo Martí busca reforzar su impunidad, dado lo vulnerable de su situación por los referidos antecedentes delictivos.

Evidentemente no le basta su alianza política con el presidente Abinader dentro del conjunto empresarial que disfruta de su protección, a todas luces pasajera.

La alianza o fusión con una corporación de la dimensión y el poder global de la la TOTAL, coloca a su favor el sistema jurídico-político e institucional de carácter transnacional: tribunales internacionales, la hegemonía imperialista y el sistema de represalias de las elites capitalistas mundiales. Agrega, además, factores que obstruyen la acción de justicia.

La TOTAL logra así mayores posibilidades de expansión en el país y en el área circundante,  la red de estaciones de distribución quedan bajo su denominación (lo que les favorece) y la asociación con la principal importadora de gas natural del país le ofrece ventajas para arrinconar la competencia en los mercados donde opera y obtener mayores ganancias, al tiempo de avanzar en la vertiente de las llamadas “energías limpias”.

Pero aun así, las estafas consumadas son inocultables,  y posibilitan librar un combate bien fundamentado contra la impunidad de los delitos económicos en un campo muy sensible para el pueblo trabajador y los sectores medios.

La denuncia penal, formulada a principio del 2018, es del conocimiento de la actual Procuraduría General de la Republica(PGR) y las informaciones vertidas en este artículo estuvieron y están por ley al servicio de esa entidad, que tiene el deber de actuar aun frente a rumores públicos y de no seguirle dando larga a un asunto tan delicado.

Los pueblos de Nuestra América deben tener bien presente las consecuencias de las asociaciones de determinadas empresas transnacionales y locales, y en esta entrega destacamos un caso en el que el tema se relaciona no solo con las ventajas mutuas, sino también con el binomio corrupción-impunidad.

Desconozco cuáles factores y motivos, y quiénes han podido obstruir la acción de justicia demandada en este caso, lo que se suma a una marcada resistencia a marcharle directamente a la corrupción empresarial evidentemente protegida por el actual gobierno; salvo aproximaciones a complicidades derivadas del proceso contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez (Nueva Victoria-Macarrulla y Operación Medusa-Bonetti Dubrail y esposa), difíciles de evadir.

Vale, por tanto, exigir el desbloqueo de esa vertiente de la impunidad relacionada directamente con un tipo de corrupción que luce ser la más voluminosa de todas, así como demandar la implementación de vías que posibiliten recuperar a corto plazo los colosales volúmenes de los dineros, propiedades y bienes robados por las oligarquías capitalistas de aquí y del exterior.