Santo Domingo. – La Mesa de Defensa de los Periodistas y Comunicadores, encabezada por el presidente de la Mesa de Defensa de los Periodistas Lic. Julio Garó Méndez, solicita al presidente Luis Abinader enviar la ley para su posterior modificación o derogarla en virtud de que la misma viola los derechos fundamentales y lacera la democracia en la que vivimos los ciudadanos dominicanos y extranjeros. Por eso, a través de diferentes gremios y grupos, se interponen acciones de inconstitucionalidad contra los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24 y 26 de la ley 01-24, que crea la Dirección Nacional de Investigación (DNI).
El derecho fundamental de libertad de expresión y acceso a fuentes de información, el derecho a la intimidad, a la libertad de empresa y al principio de transparencia del Estado serán afectados por dicha ley, mamotreto que intenta callar a los periodistas y comunicadores que no son afines a este gobierno. Pero peor aún, esta ley 1-24 también limita a los ciudadanos comunes y les roba su intimidad sin previa autorización de un juez.
El presidente Luis Abinader debe considerar que hoy puede estar arriba, pero también volver abajo y que la misma ley le regirá y resultará afectado, más cuando es exmandatario, sostuvo Julio Garó. «Hacemos un llamado a todos periodistas y comunicadores a través de los medios de comunicación a que se expresen utilizando sus medios, programas y redes sociales, por todas las vías que consideren pertinentes para que el gobierno escuche la demanda del pueblo», argumentó Julio Garó.
Garó Méndez pide a la población mantenerse atenta ante esta envestida del gobierno contra la libertad de expresión y la democracia.
En tanto que indicó que la legislación también afecta el principio de separación de los poderes públicos, en violación de los artículos 4, 7, 8, 44, 49, 50, 51, 69, 70, 74, 169 y 138 de la Carta Magna. También argumentó, tal como lo planteó el doctor Surun Hernández, exPresidente del Colegio de Abogados que «Lo grave es que, al tenor del artículo 26 de dicha ley, los periodistas, abogados, médicos, bancos, telefónicas y todo ente privado o público se obliga a entregar las informaciones requeridas por el DNI, bajo pena de 3 años de cárcel, con lo que termina el secreto profesional del abogado, la cláusula de conciencia del periodista, el secreto de los archivos médicos, el secreto bancario, el secreto de las telecomunicaciones, institucionalizando así el caliezaje de Estado por ley, todo al margen del debido proceso y sin fiscalización de un juez», manifestó el jurista Surun Hernández.
Señaló que dicha ley, en su artículo 9, numeral 6, oficializa además la interceptación de conversaciones telefónicas, correos electrónicos y el espionaje de datos y archivos empresariales, por la sola decisión del director del DNI, todo al margen de autorización judicial, poniendo en grave riesgo la seguridad jurídica del país. «Lo peor es que, con dicha legislación, se le despoja al Ministerio Público de su rol de jefe de la investigación penal, asumiéndolo el director del DNI, bajo la dependencia del presidente de la República, quien asume el rol de autorizar las interceptaciones de datos privados, invadiendo el ámbito del Poder Judicial, con lo cual destruye el principio de separación de poderes, garantizado por el artículo 4 de la Constitución», dijo el jurista.
Agregó que la pieza crea un sistema financiero clandestino, supervisado únicamente por el financiero de la institución, que lo nombra el propio director, anulando la obligación de transparencia en el manejo de fondos públicos, en violación del principio constitucional de transparencia de la administración pública y del derecho a información pública.
Surun Hernández concluyó que el Tribunal Constitucional pueda enmendar «este grosero atentado perpetrado por un Gobierno que denota poca vocación democrática y que ordinariamente atenta contra los derechos fundamentales y el sistema democrático del país. Así que esperamos que el presidente escuche, si no que el Tribunal Constitucional decida por el bienestar de seguir ejerciendo en buen periodismo y el derecho, pero sobre todo la libertad de expresión de cada ciudadano dominicano utilizando el medio que entiendan sin ningún contratiempo o limitaciones del gobierno.
