El propósito de luchar por el fin de la impunidad -meta asumida por el formidable movimiento-marcha verde que tiende a insubordinar la sociedad dominicana contra el corrupto y corruptor poder constituido- es algo que implica muchísimo más que exigir sanciones ejemplares a la grotesca corruptela criolla relacionada con el escándalo mundial de los sobornos de ODEBRECHT.
Implica sancionar lo relacionado con los 92 millones de sobornos de Odebrecht y también las enormes sobrevaluaciones denunciadas, tanto la de las Plantas a Carbón de Punta Catalina (900 millones de sobre-precio) como las registradas en otras obras de infraestructuras contratadas con ese consorcio brasileño por tres gobiernos en los últimos 14 años; que sumadas sobrepasan los 2 mil millones de dólares y extienden las responsabilidades judiciales a los gobiernos de Hipólito, Leonel y Danilo.
Hablamos de una voluminosa suma robada a los contribuyentes, financiada con endeudamiento externo y dinero público; con dramáticas consecuencias contra el pueblo y su ecosistema, su salud, educación, alimentación, transporte, seguridad social, seguridad ciudadana y condiciones de vida.
Pero el robo grotesco realizado por altos funcionarios del Estado en contubernio con elites empresariales inescrupulosas (criollas y extranjeras) al patrimonio público y al patrimonio natural del país, no se detiene ahí. Tampoco la impunidad reinante ni sus graves perjuicios.
Hay otros casos ominosos que evidencian la existencia de un poder estatal-empresarial delincuente generador de múltiples modalidades de corrupción, narco-corrupción, asesinatos, femenicidios y ecocidios impunes en materia de concesiones mineras, extracción de granza y arena, talas de bosques, apropiaciones ilegales de áreas protegidas, saqueos tipo Barrick y Falcondo, ARS, AFP, propiedades de CORDE, tierras del CEA, OISOE, Antena Latina, Valle Nuevo, tráfico aeroportuario, complicidades con narco-cárteles, estafas bancarias, mafias de combustibles e importaciones, evasiones de impuestos, sub y sobrevaluaciones, negación de justicia y podredumbre electoral y congresual.
Esta suma de casos evidencia que corrupción e impunidad son sistémicas, estructurales, consustanciales a este poder estatal y empresarial, neoliberal y mafioso; proyectándose entonces como inseparables el fin de la impunidad, el fin del régimen y la inhabilitación de sus personeros.
Y esas metas –reitero- solo podrían lograrse convirtiendo al pueblo movilizado en contrapoder capaz de anular el Poder Constituido y forjar un Poder Constituyente independiente que recree las instituciones y dote a nuestra sociedad de una nueva plataforma programática.
Por eso insistimos en que la Democracia de Calle es la vía y la Constituyente Popular y Soberana la propuesta alternativa que posibilita arrancar de raíz el mal.