“Mi Presidencia”, “mi Palacio Nacional”, “mi Congreso”, “mi Comité Político”, para conformar “mi Consejo de la Magistratura”, “mis Altas Cortes”, “mi Tribunal Supremo Electoral”, “mi Junta Central Electoral (JCE)”…para proclamar “mi ley de partidos”, “mi ley orgánica electoral”, mis paquetazos tributarios y publicitarios, en confabulación con “mis socios” del CONEP.
Todas mis “mis” y cuántas cosas se necesiten para que la dictadura institucionalizada, corrupta y corruptora, sea de mi propiedad.
“Mi Estado” y dentro de él los “pactos” que me garantice seguir a caballo hasta el 2016 y más allá. El poder de mis empresas y corporaciones preferidas, adornado con la “Nueva Barquita”, mientras mi máquina de empobrecer multiplica las Barquitas y las Barcotas viejas.
Enriquecer la cúpula de su régimen y la punta de la pirámide social de la Nación, le exigen empobrecer persistentemente sus bases e incrementar el abismo entre ambas, sin olvidar la siembra de ilusiones: los “bonsáis” y “tele-metros” que les sirven para adornar una marginalidad creciente y espantosa en ciudades y campos; tirándole cortinas de humo perfumado a la putrefacción de las políticas públicas y al deterioro (junto a déficits monumentales) de los servicios esenciales: salud, transporte,
seguridad humana, energía, agua potable, riego, protección ambiental, justicia viviendas, alcantarillado…
“Mi Estado” para volcarlo a favor de la Cámara Minera, FALCONDO, Barrick, Gold Quest, Gold Corp y depredadores afines en el anunciado programa de saqueo que apunta destruir la Cordillera Central, el Valle San Juan, el ecosistema fronterizo, la Sierra de los Siete Picos de Yamasá, Cerro Maimón, la Cordillera Septentrional… y privatizar las escasas fuentes de aguas que queden luego de la catástrofe.
Así piensa y actúan Danilo, Leonel y todo el cogollo de una berenjena, que después de la sumatoria de trampas y fraudes, exhibe más gusanos, reforzando la ilegitimidad de las instituciones establecidas; ilegitimidad, que inmediatamente antes y después de la imposición fraudulenta, fue apoyada enfáticamente por el gran empresariado y el Episcopado Católico, que ahora admiten el “colapso” del sistema y reclaman leyes de partidos y electoral, presumiblemente a ser “pactadas” en favor de la clase dominante-gobernante, trajeada de morado y con Agripino como intermediario.
Pero lo más auto-degradante de esta tragicomedia, a consecuencia de un institucionalismo enfermizo, es la demanda del “pacto político” por una oposición electoralista decidida a dejarse engañar de nuevo de los campeones de la estafa y el fraude, confiando en la presión seudo-democratizadora de las cúpulas empresariales y eclesiales. ¡Cuánta vocación suicida y contemporizadora!