SANTO DOMINGO.- Miguel José Moya, implicado en el entramado denominado Operación Medusa, pagó la garantía económica que le impuso la jueza Kenya Romero de un millón de pesos.
Aunque el imputado este libre pagando una fianza, tendrá impedimento salida del país.
«Las medidas de coerción contenidas en el artículo 226 del Código Procesal Penal, en sus numerales 1, 2 y 4 consistentes en: A) Una garantía económica ascendente a la suma de un millon de pesos (RD$1,000,000.00) pesos dominicanos, en la modalidad de contrato, a través de una Compañía Aseguradora dedicada a tales fines; B) Impedimento de salida del país sin previa autorización judicial; y C) La obligación de presentarse los días treinta (30) de cada mes, ante el Ministerio Público investigador, en este caso la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) una vez satisfecha la garantía económica impuesta, a menos que se encuentre detenido por otra causa», dice documento dispositivo del caso.
Según el Ministerio Público, el exasesor recibiría 20 millones de pesos para impartir cursos, talleres y seminarios “individual y organizacional” a colaboradores de la institución.
Moya es presidente de la empresa “Dio”, que se dedica a consultorías de manejos de crisis, comunicación, impartir conferencias, talleres, seminarios y cursos en materia de comunicación.
La Procuraduría había abierto una investigación para determinar si el pago de los 20 millones se correspondía con servicios lícitos recibidos por la institución.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores están imputados de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en cuanto a lo relacionado con lavado de activos y circunstancias agravadas del lavado, así como de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, en lo concerniente a los hechos cometidos antes de 2017.
A su vez, el Ministerio Público 5,800 pruebas para el caso en donde son imputados por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, violación de la ley de sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
