SANTO DOMINGO.- Más de 1200 pruebas documentales ha logrado incorporar la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en contra de los seis involucrados de recibir y distribuir dinero de los US$92 millones que repartió la empresa brasileña Odebrecht para adquirir acuerdos de obras pública en República Dominicana.
Algunas de las pruebas cuentan con soporte digital, así como pruebas ilustrativas en el mismo formato y un total de 21 testigos que han sido admitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Con las evidencias presentadas por parte del Ministerio Público quedan comprometida la responsabilidad de Ángel Rondón Rijo, el abogado Conrado Pittaluga Arzeño y los exlegisladores Porfirio Andrés Bautista García y Tommy Galán Grullón. También de Roberto Rodríguez Hernández, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), y de Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y también exdirector de Inapa, quienes son procesados por violar el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno.
En la sesión de este jueves, por parte del Ministerio Público otras pruebas fueron incorporadas en contra del abogado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, señalado de complicidad en el soborno a funcionarios y lavado de activos producto de infracciones graves.
En torno a una evidencia que no fue incorporada, la coordinadora de Litigación de la Pepca, fiscal Mirna Ortiz, atribuyó a un extravío más de los que sucedieron en la Suprema Corte de Justicia y agregó: “Somos respetuosos de las decisiones de los tribunales y, aunque no estemos de acuerdo, seguimos avanzando y acatamos la decisión”.
“El Ministerio Público demostró en el tribunal que la prueba número 16, específica contra Conrado Pittaluga, fue traducida al español y el tribunal, en la decisión del lunes, no tuvo otra opción que corroborar lo que el Ministerio Público había establecido que entregó esa evidencia”, dijo en relación con otra de las decisiones del tribunal.
Aseguró que tienen la constancia de recepción por parte de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia de esa prueba traducida.
Según dijo, “al esas pruebas trasladarse desde la Suprema Corte de Justicia al Tribunal Colegiado, no llega la traducción de esa evidencia”.
Detalló que, “frente a la prueba del Ministerio Público, de que había sido recibida, el Primer Tribunal Colegiado envía a la Suprema a verificar si algo quedó allá; la Suprema envía un sinnúmero de copias que nunca comunicó a la defensa, que evidentemente extravió, diciendo que la encontró en un legajo de copias que tenía y dentro de ese legajo no estaba esa”.
