Los imputados de la Operación Coral 5G son custodiados por el sistema penitenciario en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que el Ministerio Público solicita coerción para 13 implicados en la operación que se ha denominado 5G.
Además de los generales Torres Robiou (FARD), De los Santos Viola (FARD) y Reyes Batista (ERD), en el caso son imputados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
“Esta medida de coerción cuenta con más de 600 páginas y 700 medios de pruebas documentales que han sido depositados en el tribunal y una vez más ratificamos y confirmamos que tenemos un caso blindado, un caso fuerte, cuya única medida de coerción que será posible imponer, será la prisión preventiva”, dijo Ortiz.
La coordinadora de Litigación de la Pepca ofreció los detalles del proceso al responder preguntas de los periodistas de diversos medios de comunicación que la abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego que depositara la instancia en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Sostuvo que el Ministerio Público sigue ampliando la investigación. “Coral 5G apenas comienza, las investigaciones continúan ”, sostuvo, mientras respondía a los comunicadores.
Los imputados de la Operación Coral 5G son custodiados por el sistema penitenciario en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.