Si hay algo que las instancias del gobierno no pueden resignar en lo absoluto son las prerrogativas que les resultan inherentes como gerentes del Estado y el principio de autoridad para aplicarlas.
La Asociación Dominicana de Profesores no puede pretender en modo alguno suplantar las atribuciones del Ministerio como organismo al que compete ser rector y dirigir la política educativa del país. Esto así, mucho menos bajo la perenne amenaza de paralizar los centros de enseñanza a nivel nacional, una postura ilegal, y social y moralmente inaceptable en la medida que privará de docencia a millones de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.
Esta actitud irresponsable constituye una clara violación del Pacto por la Educación que suscribió el propio sindicato magisterial, y de cuyo compromiso ha hecho caso omiso de manera continua, suspendiendo las labores docentes por cualquier motivo.
Nunca antes la clase magisterial ha estado tan bien retribuida, con aumentos anuales continuos desde que entró en vigencia el cuatro por ciento. Nunca antes había recibido tantos beneficios y consideración. Nunca antes se habían construido, remodelado y equipado tantas escuelas ni a un ritmo tan intenso.
Ni se había implementando la tanda extendida. Ni modificado y normado para superar sus fallas el hasta ahora deficiente sistema de profesionalización universitaria del magisterio. Ni implantado la tanda extendida para cientos de miles de alumnos que disfrutan además el beneficio de recibir desayuno, almuerzo y merienda. Y nunca antes se habían destinado tantos recursos a elevar la calidad de los maestros, que en no pocos casos deja bastante que desear.
La ADP, en cambio, se ha convertido en la principal retranca del objetivo fundamental consignado en el Pacto por la Educación, haciendo constante oposición a todas las medidas y modificaciones necesarias para lograr un sistema de enseñanza de calidad que no siga siendo motivo de atraso y bochorno para el país como hasta ahora.
El gobierno debe prestarle todo el apoyo necesario al Ministro de Educación. Y el PLD no puede seguirse desentendiendo de una situación de permanente conflicto que paradójicamente está siendo encabezada por un destacado miembro de su Comité Central y que afecta el que sin duda constituye el principal logro que puede exhibir el gobierno.
Ya es hora de césar por y para siempre los paros docentes. La educación es un derecho sagrado de quienes deben recibirla y un deber también sagrado para quienes deben impartirla.