Ley 47-25 fortalece rol de la Dirección de Contrataciones Públicas

Olivares resaltó además el fortalecimiento institucional al consolidar a la Dirección General de Contrataciones Públicas como órgano rector con facultad para supervisar, sancionar y regular el sistema.

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Santo Domingo.– El abogado Manuel Olivares explicó los principales cambios introducidos por la nueva Ley 47-25 sobre compras y contrataciones públicas, durante una entrevista en el programa El Despertador.

Olivares señaló que la normativa sustituye la Ley 340-06, la cual —según indicó— había quedado desactualizada frente a las necesidades actuales del Estado. Explicó que la nueva legislación regula todo lo relativo a la compra de bienes y la contratación de servicios por parte de las instituciones públicas.

"Recientemente salió una nueva ley de contrataciones públicas", expresó, al tiempo que destacó que el objetivo principal es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de adquisición del Estado.

Entre los cambios más relevantes, mencionó que ahora todos los procesos deberán realizarse de manera visible y auditable desde el inicio hasta su conclusión, mediante un sistema de trazabilidad integral y el registro obligatorio de cada etapa.

"Ahora el sistema electrónico de contrataciones públicas se convierte en un canal obligatorio para todo tipo de compra o licitación", indicó, al referirse al uso de la plataforma digital EFI Compras RD como vía oficial para estos procedimientos.

En cuanto al rol de los notarios, explicó que, pese a inquietudes iniciales en el sector, la Dirección General de Contrataciones Públicas aclaró que estos mantendrán su función como veedores del proceso. "El notario participa y valida estos procesos", sostuvo.

La ley también contempla un régimen más estricto de sanciones. Según detalló, se establece una mayor responsabilidad penal tanto para funcionarios administrativos como para empresas proveedoras del Estado, incluyendo por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de corrupción detectados en procesos de contratación.

Olivares resaltó además el fortalecimiento institucional al consolidar a la Dirección General de Contrataciones Públicas como órgano rector con facultad para supervisar, sancionar y regular el sistema.

En materia de participación empresarial, indicó que la normativa amplía la cuota destinada a las pequeñas y medianas empresas (pymes), pasando de un 20 % a un 30 % de las compras públicas. Asimismo, promueve incentivos para empresas dirigidas por mujeres, con el objetivo de fomentar la equidad de género en el acceso a contrataciones estatales.

    La ley introduce además figuras como convenios marco, licitaciones abreviadas, subasta inversa electrónica y compras conjuntas, así como criterios de sostenibilidad y desarrollo.

    "Era necesario ajustar. Nuestro país se debe encaminar por un ámbito de institucionalidad, de transparencia y de lucha contra la corrupción", afirmó el jurista al concluir su intervención.

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