REDACCIÓN.- La Alianza por la Niñez Colombiana condenó este jueves los actos de violencia sexual que sufre la niñez indígena en Colombia tras la publicación de las últimas cifras de Medicina Legal que señalan que entre 2019 y 2022 se reportaron 1.521 casos.
Los datos suministrados por Medicina Legal en Colombia apuntan que el Guaviare es uno de los departamentos con mayores tasas de violencia sexual hacia menores indígenas, 23,8 casos registrados por cada 10.000 niñas, niños y adolescentes en el departamento.
Estas cifras son conocidas después de un escándalo expuesto en redes sociales en el que se denunció que un militar estadounidense violó a una niña indígena de 10 años a la que dejó embarazada, algo que provocó indignación y llevó a las autoridades a abrir una investigación.
La organización se sumó a la condena por estos hechos en un comunicado publicado este jueves, recordando que se trata de menores indígenas de las comunidades nukak y jiw, en el departamento del Guaviare (sur).
En este sentido, la Alianza por la Niñez Colombiana pidió poner en marcha la implementación de la ley que busca que los delitos contra la niñez tengan castigos más estrictos y demandó a la Fiscalía crear una unidad especial de investigación de delitos priorizados cometidos contra la infancia y la adolescencia.
Asimismo, hizo un llamado «urgente» al Gobierno Nacional a intervenir de manera local y considerar las acciones que se adelantan hasta el momento y que «están siendo insuficientes para velar por la protección integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de estos delitos».
De acuerdo con el director de la oficina del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Guaviare, Joaquín Mendieta, en el departamento se reciben cuatro denuncias de abusos sexuales contra menores de edad a la semana, donde el 20 % de los casos se trata de menores de 14 años.
En esta línea también se expresó la gerente de Protección de World Vision, Claudia Sánchez, que consideró que “es importante analizar cómo dotamos de herramientas a las comunidades y las familias para que ellos puedan identificar los riesgos y establecer mecanismos de protección y de reporte”.
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