Recordaron hoy el presagio de la magistrada Miriam Germán y culpan al exprocurador Jean Alain Rodríguez por el cuestionado resultado del proceso que lleva casi cinco años.
Recordaron hoy el presagio de la magistrada Miriam Germán y culpan al exprocurador Jean Alain Rodríguez por el cuestionado resultado del proceso que lleva casi cinco años.
SANTO DOMINGO.- Mientras la Fiscalía y los condenados por los sobornos de
Odebrecht esperan leer la
sentencia completa para comenzar a preparar sus apelaciones, la absolución de cuatro de los seis acusados en el caso provocó
opiniones divididas en la comunidad jurídica y los partidos políticos.
Estos sectores recordaron hoy el presagio de la magistrada Miriam Germán y culpan al exprocurador Jean Alain Rodríguez por el cuestionado resultado del proceso que lleva casi cinco años.
Un día después de que las
juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitieron su
sentencia por los sobornos millonarios de
Odebrecht, en la que condenaron a prisión al empresario Ángel Rondón y al ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, sigue pendiente una interrogante: dónde están los supuestos sobornados.
Para el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surum, el resultado del juicio fue la crónica de una muerte anunciada, al asegurar que el proceso fue torpedeado por factores internos y externos.
Mientras, entrevistados por SIN se mostraron indignados por el resultado del proceso que inició hace más de cuatro años, y consideraron que la
sentencia es una muestra de que en el país impera la impunidad.
Las
juezas hallaron culpable del delito de soborno y lavado de activos a Rondón, ex representante comercial de
Odebrecht en el país, y lo condenaron a 8 años de reclusión mayor y al pago de una multa de 200 salarios mínimos. Mientras que condenaron a 5 años de prisión a Díaz Rúa por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Los ex senadores Tommy Galán y Andrés Bautista, el ex director de Inapa, Roberto Rodríguez y el abogado Conrado Pittaluga fueron absueltos por falta de pruebas.
El tribunal ordenó además el decomiso de algunos de los bienes a los condenados.
Juristas valoraron como un paso de avance el hecho de que, por primera vez, se dictara una
sentencia condenatoria a un exfuncionario por violación a la ley de declaración jurada de patrimonio y enriquecimiento ilícito.