El 6 de julio el equipo económico envió una carta de intención al Fondo Monetario Internacional, obviamente con la anuencia del Presidente Fernández, donde, con relación a la electricidad, se comprometió a establecer un “ancla” y una “flexibilidad”. El “ancla” consistía en la aprobación, a través del Congreso, a más tardar en septiembre, de una tarifa técnica que, según algunos portavoces del gobierno, la subiría en un 18%. La “flexibilidad” consistía en enviar al Congreso un proyecto de ley que introduciría un mecanismo de ajuste automático a la tarifa, vinculado a variaciones en los precios de los insumos utilizados para generar electricidad. El compromiso era que los congresistas también lo aprobarían a finales de septiembre.
Estamos a noviembre y el “ancla” no ha sido enviada al Congreso y el Ministro Montás ha dicho que “es imposible” aumentar la tarifa en un 18%. La “flexibilidad” apenas fue enviada al Congreso la semana pasada. ¿Qué pasó entre julio y septiembre que provocó que el gobierno echara para atrás en esos dos compromisos? Especulamos que existieron dos razones:
Nos luce que nuestro gobierno ya no cuenta con voluntad política para seguir con el acuerdo por las siguientes cinco razones:
Los efectos negativos de no continuar con el FMI serían su impacto sobre el factor confianza y la dificultad de acceder a préstamos. No tener un acuerdo implicaría fuga de capitales o diferir inversiones, o no comprar los próximos bonos soberanos. Por lo menos una empresa internacional de corretaje anunció la semana pasada que había vendido todos sus bonos dominicanos.
En cuanto a recursos, no sólo no se recibirían los del FMI sino los ligados a ese acuerdo, como el caso del préstamo del BID para el sector energético recién enviado al Congreso.
Consecuentemente, el gobierno emitiría más bonos soberanos y apelaría más aún al Banco de Reservas. Esa institución se jacta públicamente de que su cartera privada ha aumentado más que la del sector público, pero posiblemente muchos de esos préstamos “privados” son a contratistas con atrasos de pagos por parte del gobierno. Por otro lado, el “apetito” para comprar bonos de Hacienda entre los bancos dominicanos y el público en general se mantiene alto.
En el 2009, cuando se firmó el acuerdo con el FMI, el plan era dar mucho dinero inicialmente para luego establecer austeridad en el 2010 y el 2011 llegándose hasta a un superávit presupuestal. La realidad luce ser que no habrá austeridad y sí mucho endeudamiento comercial privado.
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