Silenciados antes de hablar: Amenazas y ataques a testigos en casos de homicidio en República Dominicana

República Dominicana.– Diversos casos registrados en los últimos años evidencian la vulnerabilidad de testigos clave en procesos judiciales por homicidio en la República Dominicana, algunos de los cuales han sido asesinados o atacados antes o después de comparecer ante los tribunales, lo que ha generado preocupación sobre la efectividad de los mecanismos de protección.

Casos emblemáticos y recientes de ataques a testigos

En junio pasado, Jesús Cabrera, de 32 años, fue asesinado a tiros en Santiago horas antes de rendir declaración en un caso de homicidio relacionado con la muerte de su sobrino. Testigos indicaron que el atacante, quien se desplazaba en una motocicleta y llevaba el rostro cubierto, logró huir del lugar.

En noviembre, un hecho similar ocurrió en Santo Domingo Este, donde Brian de la Rosa, también testigo en un caso de homicidio, fue atacado a tiros a la salida del Palacio de Justicia, aunque logró sobrevivir a las heridas.

Otro caso emblemático es el asesinato de Neury Suero, ocurrido en mayo de 2022 en la parada de autobuses del kilómetro 9 de la autopista Duarte. De acuerdo con el Ministerio Público, Suero fue ultimada por Elvis O. Rodríguez debido a que ella y su hermano habían sido testigos de un contrato de venta de una vivienda que derivó en un conflicto judicial. Rodríguez fue condenado en julio de 2023 a 30 años de prisión por el crimen.

Impacto y respuesta institucional ante la eliminación de testigos

La eliminación de testigos no es un fenómeno nuevo. En 2018, el excapitán policial Cándido Medina Sánchez fue asesinado un día antes de testificar en el juicio por el asesinato del periodista José Silvestre.

Cámaras de seguridad captaron a los atacantes, quienes huyeron tras el crimen. Otro testigo vinculado a ese caso, Antonio Rafael Fulgencio Lam, murió en 2011 mientras cumplía prisión preventiva, en circunstancias que su defensa calificó como sospechosas.

Aunque la Procuraduría General de la República cuenta con una unidad de protección a víctimas y testigos, esta prioriza casos de alto perfil, como los relacionados con crimen organizado y corrupción, lo que deja en situación de riesgo a testigos de procesos considerados de menor alcance.