La información la da a conocer Law360, publicación que se dedica a temas legales y SIN reproduce el artículo íntegro.
REPÚBLICA DOMINICANA.-La República Dominicana apeló este miércoles un dictamen que ordena el pago de más de US$50 millones a dos empresas con sede en Miami, alegando mal manejo de los documentos en el consulado dominicano de dicha ciudad. Las compañías Architectural Ingenieria Siglo XXI y Sun Land & RGITC, acusan al gobierno dominicano de incumplir contratos para proyectos de riego.
La barra de la defensa del gobierno dominicano, encabezada por Ilene Pabian de la firma Holland & Knight, expresó a los jueces del Undécimo Circuito de Apelaciones en Atlanta que existió un mal manejo por parte de la secretaria del Cónsul General en Miami, Gina Lacayo, diciendo que fue un error administrativo y un descuido excusable. Pabian argumentó que el país no puede ser sancionado si no tenía conocimiento de la demanda.
La República Dominicana está luchando por no pagar indemnizaciones de US$21.5 millones para Architectural Ingenieria Siglo XXI LLC y más de US$ 28.6 millones a Sun Land & RGITC LLC. Las empresas aseguran que habían estado realizando proyectos diligentemente para el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos cuando abruptamente les cancelaron los contratos sin justificación y firmaron nuevos acuerdos con otras compañías para realizar el mismo trabajo.
Ambas empresas demandaron en febrero de 2013, pero Pabian dijo a los jueces que el país no se enteró hasta junio de ese año, cuando un periodista llamó a la embajada para preguntar sobre la sentencia que ordenaba al estado pagar US$ 50 millones. Pabian alegó que fue en ese momento que el país presentó una moción para anular el fallo en un plazo de 17 días.
Un tribunal anteriormente había dictaminado que el que incumplimiento fue deliberado y estratégico, añadiendo que Lacayo tenía un puesto con suficiente importancia en el consulado como para que el error fuese considerado administrativo. Pero Pabian dijo que no había evidencia que se tratara de una maniobra estratégica y “suficientemente importante” es una norma jurídica inexistente.
La demanda fue notificada inicialmente al consulado y fue a parar a manos de Lacayo, según Pabian. Lacayo entendió que el consulado no estaba autorizado para recibirla, y consultó a un consejero legal en la República Dominicana quien coincidió que la embajada y no el consulado debió ser notificado.
Cuando Lacayo comunicó la medida a los abogados de los demandantes, estos explicaron que había un acuerdo contractual especial entre las partes que permitía que notificaran al consulado. Lacayo no estuvo de acuerdo y dijo a los juristas que informaran a embajada y se lavo las manos con el tema”, según Pabian.
El abogado que representa a las empresas, Benjamin Webster de Morgan & Morgan, dijo que su oficina se comunicó con el consulado en nueve ocasiones y le entregó la demanda, la notificación de incumplimiento y la sentencia que exigía la indemnización. Pero Pabian dijo que toda esta comunicación fue con Lacayo, quien asumió que la embajada esta encargándose del litigio.
Webster dijo que el abogado dominicano que contactaron inicialmente en el país cometió un «grave error de derecho» al no revisar los documentos y hacer una suposición acerca de la legislación aplicable.
«Este no es el descuido excusable», dijo Webster. «Mi oficina le imploró (a Lacayo) para que leyera los contratos. El tribunal del distrito envió por correo la sentencia, y no se hizo nada. Incluso si no fue intencional, fue un error que cometieron con los ojos bien abiertos».
Además de las dificultados de notificación, Pabian dijo que el país nunca renunció a la inmunidad soberana con respecto las alegaciones de las empresas. Ella dijo que la República Dominicana sólo renunció a su inmunidad en relación con un contrato de préstamo.
La demanda describió lo que pasaron las empresas tras ser seleccionadas por concurso por el INDRHI para desarrollar un sistema de irrigación para tres mil hectáreas en Azua, proyecto valorado en US51 millones.
Los trabajos iniciaron en marzo de 2004, después de que la institución y las empresas acordaron una serie de contratos. Pero en agosto de 2004 y sin razón alguna, el INDRHI ordenó que Architectural Ingenieria suspendiera sus labores. Sin embargo tres meses mas tarde, en noviembre, le dijeron que reanudar la obra. Un patrón de «arranca y para», continuó durante 30 meses, según la demanda.
No obstante, en 2006, con el proyecto Azua atrasado, la institución amplió el alcance del proyecto, firmando un contrato actualizado con las empresas que estipulaba un monto total de US$106 millones.
Durante los próximos dos años, Architectural Ingenieria continuó trabajando en el proyecto Azua y emprendió un proyecto adicional en el canal Yaque del Sur, que proporciona agua para el sistema de riego. Este nueva obra era para reparaciones tras el paso de las tormentas Noel y Olga, según los documentos.
Es en febrero de 2009, cuando la institución informa a las dos empresas que el contrato ha sido terminado. En diciembre de 2011, el INDRHI anunció que había contratado sin licitación a la Contructora Queiroz Galvao SA, empresa brasileña, por US $ 98 millones para realizar el mismo proyecto Azua.
Architectural Ingenieria y Sun Land están representados por Tucker H. Byrd, Damián H. Prosser y Benjamin A. Webster de Morgan & Morgan PA y Carlos A. Souffront de Gray Robinson PA.
El gobierno de la República Dominicana está representada por Ilene L. Pabian, Gregory A. Baldwin y Eduardo A. Ramos de Holland & Knight LLP.
A continuación texto integro en inglés:
Law360, Miami (March 25, 2015, 5:29 PM ET) — The Dominican Republic asked the Eleventh Circuit to reverse a $50.1 million default judgment for two Miami-based companies alleging breach of an irrigation project contract, arguing Wednesday that the country did not waive sovereign immunity and that a consulate’s mishandling of served papers was excusable.
The Dominican Republic’s attorney Ilene Pabian of Holland & Knight LLP told an Eleventh Circuit panel Wednesday that Secretary to the Consul General Gina Lacayo’s mishandling of the suit’s and default judgment’s service at the Miami consulate was a clerical error and excusable neglect. Pabian argued that the country should not be held to the judgment when it did not know about the suit.
The Dominican Republic is fighting an award of more than $21.5 million to Architectural Ingenieria Siglo XXI LLC and more than $28.6 million to Sun Land & RGITC LLC, which claimed they had been dutifully performing their work for a Dominican agency when it abruptly terminated their contract without justification then signed another company to execute the exact same work.
The companies sued in February 2013, but Pabian told the appeals court Wednesday that the country did not learn of the litigation until June 11, 2013, when a reporter called the embassy to ask about the $50 million final judgment. Pabian said that at that point, the country acted immediately and filed a motion to vacate the judgment within 17 days.
The trial court made a finding that this was a deliberate default done for tactical reasons, ruling that Lacayo was senior enough at the consulate that her mishandling of the service could not be considered a clerical error. But Pabian said that there was no evidence that this was a tactical move and that “’senior enough’ is a nonexistent legal standard.”
The complaint was first served on the consulate and landed in Lacayo’s hands, according to Pabian. Lacayo understood that the consulate was not authorized to accept service, and she consulted with an assistant legal counsel in the Dominican Republic on the issue, who agreed that the embassy, not the consulate, should be served.
When Lacayo told the plaintiffs’ counsel this, they explained that there was a special contractual agreement between the parties that allowed service on the consulate. Lacayo disagreed, told the plaintiffs’ counsel to serve the embassy and “washed her hands clean of it,” according to Pabian.
Arguing on behalf of the companies, Benjamin Webster of Morgan & Morgan PA said that his office communicated with the consulate nine different times and served it with the complaint, the notice of default and the final judgment. But Pabian said all this communication was with Lacayo, who assumed the embassy was taking care of the litigation.
Webster said that the Dominican attorney initially contacted on the island made a “serious mistake of law” by not reviewing the documents and making an assumption about the applicable law.
“This is not excusable neglect,” Webster said. “My office implored [Lacayo] to read the contracts. The district court mailed the final judgment, and nothing was done. Even if it wasn’t willful, it was a mistake they made with their eyes wide open.”
In addition to the service issues, Pabian said that the country never waived sovereign immunity on the companies’ claims. She said that the Dominican Republic only waived its immunity with regard to a loan agreement.
The complaint described the volatile experience the companies had after the Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos, a Dominican government agency in charge of building and running water projects, selected their $51 million bid in 2000 to develop irrigation for 3,000 hectares in the province of Azua in the southern part of the country.
Work got underway in March 2004, after the Dominican agency and the companies agreed on a series of contracts. But in August 2004 and without reason, the agency ordered Architectural Ingenieria to suspend its work, only to tell the company to resume that November. A “start and stop” pattern continued for another 30 months, according to the suit.
Nevertheless, in 2006, with the Azua project behind schedule, the agency expanded its scope, agreeing on an updated contract with the companies that called for $106 million in total payment.
Over the next two years, Architectural Ingenieria continued work on the Azua project and took on additional work at the Yaque del Sur canal, which provided water for the irrigation system, to conduct repairs after Tropical Storm Noel and Tropical Storm Olga hit the island, according to the complaint.
In February 2009, the agency informed the two companies that the contract was terminated. In December 2011, the agency announced that it had hired Contructora Queiroz Galvao SA, a Brazilian company, in a no-bid, $98 million deal to perform the same Azua project.
Architectural Ingenieria and Sun Land are represented by Tucker H. Byrd, Damien H. Prosser and Benjamin A. Webster of Morgan & Morgan PA and Carlos A. Souffront of GrayRobinson PA.
The Dominican Republic is represented by Ilene L. Pabian, Gregory A. Baldwin and Eduardo A. Ramos of Holland & Knight LLP.
The case is Architectural Ingenieria Siglo et al. v. Dominican Republic et al., case number 13-13877, in the U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit.
