Si alguna lección puede extraerse del difícil panorama internacional provocado por la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional, ésta reside en un elemento obvio que no admite discusión: la República Dominicana tiene serios problemas con su imagen en el exterior y las consecuencias amenazan con extenderse.
El hecho mismo de que el debate al respecto figure todavía en un lugar preponderante de la agenda nacional, revela hasta qué punto esta situación ha afectado al país frente a la comunidad internacional, mientras aquí el tema se torna insoluble con discusiones bizantinas que enmarañan el conflicto.
La más reciente demostración de esta realidad, que algunos círculos todavía se resisten a aceptar, quizás por un exceso patriotero, acaba de producirse con el cierre de las puertas del Caricom que impide integrarnos a ese conglomerado de países caribeños.
No es tanto así como que se nos haya ha caído el cielo, pero indudablemente que esto constituye un revés en la política exterior dominicana para alcanzar nuevos mercados y fortalecer los vínculos comerciales y diplomáticos con naciones de nuestra cercanía geográfica.
La República Dominicana está frente a ofensiva internacional y es evidente que el envío de misiones al extranjero para explicar el alcance de la referida sentencia no ha sido suficiente para disipar las críticas a un dictamen que, aunque se refiere en sentido general a la regulación migratoria de extranjeros, se ha focalizado principalmente en los efectos negativos que tiene para los descendientes de haitianos indocumentados.
La Comunidad del Caribe suspendió la evaluación que hacía a la solicitud de República Dominicana de formar parte de ese organismo regional, como consecuencia de lo que considera un»aberrante» y «discriminatorio» fallo de la alta corte que ventila las cuestiones constitucionales.
Al igual que lo expresado por otros organismos y por varios sectores de la vida nacional, el Caricom interpreta que la sentencia «excluye de forma retroactiva a decenas de miles de dominicanos, en su mayoría de ascendencia haitiana», convirtiéndolos en apátridas sin recursos a apelación.
En una posición que se veía venir desde se produjo un cuestionamiento desde San Vicente y Las Granadinas, el Caricom hace, además, un llamado a la comunidad mundial y regional para que presione al gobierno dominicano para que adopte medidas urgentes que garantice los derechos plenos de ciudadanía de las personas de ascendencia haitiana.
Sin ceder a estas presiones ni renunciar al derecho de su soberanía, el Gobierno dominicano tendrá que hacer una serena evaluación para determinar si con el proceso emprendido para la regularización de extranjeros ilegales se podrá contrarrestar debidamente esta campaña de descrédito que se perfila hasta ahora como sostenida y de largo alcance.
