Gobierno Milei enviará al Congreso una reforma del Código Penal que busca aumentar penas

Buenos Aires.- El Gobierno argentino que preside Javier Milei anunció este lunes que en los próximos días enviará al Congreso para su debate un proyecto de reforma al Código Penal que, entre otros aspectos, busca aumentar las penas y asegurar el cumplimiento efectivo de las mismas.

La saliente ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien dejará su cargo este lunes para asumir como senadora nacional el próximo 10 de diciembre, afirmó -en conferencia de prensa- que el nuevo Código Penal busca "dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos".

El proyecto propone penas más duras para delitos graves como homicidios agravados, narcotráfico, robo, trata de personas, corrupción y delitos sexuales, e incorpora nuevos tipos penales, como la figura de "conducción imprudente".

Bullrich también aseguró que "las (cadenas) perpetuas no van a tener un límite temporal" y que "el 82 % de los delitos van a ser con prisión efectiva".

Objetivos y aspectos clave de la reforma

"El otro objetivo fundamental es el proceso de hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas no las sienta la sociedad como insuficientes", expresó Bullrich, quien a partir de este martes será reemplazada en la cartera por Alejandra Monteoliva, hasta ahora secretaria de Seguridad Nacional.

El nuevo Código Penal también buscará "robustecer" el concepto de legítima defensa y, según afirmó Bullrich, "la presunción va a estar siempre a favor de quien se defiende".

Por otra parte, el Ejecutivo propuso que asesinar a un menor de dieciséis años o a un mayor de 65 años de edad sea considerado un agravante y que algunos delitos dejen de prescribir pasado el plazo de diez años.

Se trata de delitos especialmente graves, como homicidios agravados, delitos sexuales, la corrupción de menores, la promoción y facilitación de la prostitución, la trata de personas, los secuestros extorsivos, el atentado al orden constitucional y al sistema democrático, el terrorismo y el narcotráfico, entre otros.

En una alocución, la ministra no se refirió a la baja de la edad de imputabilidad de dieciséis a trece años, uno de los puntos del proyecto que generó polémica cuando, el pasado octubre, fue anunciado por el Ejecutivo.

Actualmente, en Argentina no se puede imputar a un menor de dieciséis años, mientras que los adolescentes de entre dieciséis y dieciocho años son imputables pero solo si el delito que cometieron tiene una pena superior a los dos años de prisión.