José Báez Guerrero.
Un abismo creciente
El país enfrenta grandes retos, pero uno de ellos representa un problema social, político y económico que cada día se agrava e incide en todos los demás: la creciente brecha entre los más pobres y los más ricos.
Estamos convirtiéndonos en dos naciones distintas dentro de un mismo país: una de ciudadanos modernos y educados, bilingües y perfumados, que habitualmente pagan cuentas en restaurantes, donde han estado un par de horas, cuyo monto es mayor que el salario mensual de sus empleados domésticos; otra de habitantes macilentos hacinados en barrios urbanos o chozas rurales cuyas circunstancias pueden ser inimaginables para la mayoría de los lectores de este artículo.
Tras el crecimiento económico y la relativa estabilidad monetaria logrados en los últimos años, con tasas reales de crecimiento de 3.5% en el 2009, 7.8% en el 2010 y 4.5% en el 2011, y tasas de cambio del peso por dólar de 33.11 en 2007, 34.78 en 2008, 36.03 en 2009, 36.88 en 2010 y 38.19 en 2011, el porcentaje de la población que languidece debajo del nivel de pobreza ha disminuido (según “The World Factbook” publicado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos). En 2004 el 42.2% de la población sufría debajo del nivel de pobreza tras el descalabro por fraude de tres bancos privados en 2003.
Gran parte del alivio se ha debido a los programas de subsidios del gobierno, los cuales mitigan la pobreza pero nunca la eliminan. Aún así, al despedirse de los periodistas que cubren la Presidencia la última semana de julio, el Presidente Leonel Fernández dijo sentirse satisfecho y orgulloso por el crecimiento económico e institucional del país durante sus ocho años de gobierno del 2004 al 2012. “Estamos trillando un camino con desarrollo institucional, prosperidad económica, bienestar social con un Estado democrático respetuoso de las libertades públicas”, dijo. “Se puede combinar prosperidad económica y bienestar social con absoluto respeto a las libertades públicas y a los derechos fundamentales, incluso, creando las instituciones necesarias para garantizar que los derechos ciudadanos queden debidamente protegidos. Ese ha sido un gran salto que ha dado la República Dominicana”, agregó. Expresó que tiene una visión optimista y que, pese a las dificultades, el país siempre avanzará.
Semanas antes, a fines de mayo, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo dijo que una de las prioridades del Presidente Danilo Medina sería reducir la pobreza y la desigualdad social. Temístocles Montás –confirmado en el cargo- añadió que el Presidente Fernández logró reducir la pobreza en diez puntos porcentuales del 2004 al 2012, pero que es aún alto el nivel de pobreza, que dijo afecta actualmente a un 34% de la población, por encima del 27% que había antes del colapso bancario del 2003. La crisis económica del 2004 elevó el porcentaje de pobres a 44 según Montás, “o sea que llevó a la pobreza a más de 1,500,000 dominicanos”.
Aunque el crecimiento del PIB y las políticas sociales de subsidios de los últimos ocho años efectivamente han reducido el porcentaje de la población por debajo del nivel de pobreza, también se ha ensanchado la distancia social y económica entre los más pobres y los más ricos.
De acuerdo al “Factbook” de la CIA, en el año 2007 el 10% más pobre de la población dominicana apenas disponía del 1.7% del total de ingreso o del consumo nacional, mientras ese mismo año el 10% de mayores ingresos disfrutó del 37.8% del total del consumo nacional, lo cual me parece una desproporción indecente que constituye un atentado contra la salud del tejido social. En su reporte –actualizado al 5 de julio del 2012- sobre la economía dominicana, la agencia expresa: “El país padece una notoria inequidad en su ingreso; la mitad más pobre de la población recibe menos de una quinta parte del PIB, mientras el 10% más rico disfruta de casi el 40% del PIB”.
Causas de la brecha social
¿A qué puede deberse una injusticia distributiva tan colosal, cuando la República Dominicana ha tenido por los últimos ocho años una de las economías de más rápido crecimiento en la región? ¿Cómo puede un país concitar la admiración de organismos financieros internacionales al lograr esquivar los peores efectos de la gravísima recesión global mientras el éxito de su economía beneficia mayormente a los más privilegiados?
Una de las explicaciones es la falta de un gobierno de leyes, lo que en inglés llaman “rule of law” o estado de derecho, en que nadie, sea funcionario público o ciudadano privado, esté por encima de la ley. El imperio de la ley es fundamental para diseñar y poner en efecto políticas públicas que estimulen la reducción de la creciente brecha entre los más pobres y los más ricos. Varios ejemplos son el hacinamiento en barrios construidos en márgenes de ríos en terrenos ocupados ilegalmente; el incumplimiento de la provisión de los fondos que manda la ley para la educación o instrucción pública; la inconsecuencia de la autoridad ante denuncias de corrupción pública (¡hay banqueros presos pero ningún político!); el caos en el tránsito urbano y en carreteras, la ocupación de aceras y otros espacios públicos por particulares; la evasión de impuestos y el contrabando: en cada caso hay leyes que regulan o norman la causa del problema pero su aplicación suele ser selectiva, sujeta a criterios variables. Esa selectividad resulta en impunidad, la cual estimula la repetición de la violación a la ley por carecer ello de consecuencias negativas. Ni siquiera opera la sanción social, pues enriquecerse es un proceso que pocas veces es cuestionado en cuanto a su legitimidad.
Otra respuesta parcial a qué causa la enorme injusticia distributiva puede ser que las cifras de desempleo y subempleo son tan elevadas que, por más que crezca el país, hasta que no se logre crear más y mejores empleos en el sector privado la brecha entre ricos y pobres continuará ensanchándose. Por ejemplo, mientras en los últimos tres años el crecimiento del PIB promedió 5.3%, la tasa de crecimiento de la producción industrial en el 2010 fue de apenas 1.5%, representando una real disminución en proporción al resto de la economía, pese a que los empleos industriales son los de mayor calidad. (Del año 2000 al 2011, en poco más de una década, el número de empleados del gobierno ¡casi se duplicó! La cifra pasó de 330,592 en 2000 a 645,775 en 2011, según la Contraloría General de la República).
El desempleo en República Dominicana es estimado en cerca del 20% según publicaciones oficiales, aunque según el citado “Factbook” de la CIA el porcentaje de dominicanos sin empleo es sólo de 13. Comoquiera, si fuera de poco menos del 15%, según varias publicaciones de prensa, estaría entre los más altos de América Latina. En los Estados Unidos el desempleo ronda el 10%; en México es menos del 6%; en España llega a casi 24%; en Haití es más de un 40% (aunque llega al 75% de la población si se incluye el subempleo); en Puerto Rico supera el 16% y va en aumento.
¿Cómo es que alrededor del 40% de los dominicanos vive debajo del nivel de pobreza, estimado por el Banco Mundial para países pobres en 2008 como US$1.25 (cerca de RD$50.00) diarios para cubrir todas las necesidades básicas de un individuo, si sólo menos del 20% está desempleado? La escuálida verdad es que en la República Dominicana un empleo, aún con salario mínimo, no sirve para salir de la pobreza. (En los Estados Unidos, el gobierno federal estima para 2012 que el nivel de pobreza es de US$15.79 diarios por persona, ó US$23,050.00 al año para una familia de cuatro personas).
Talvez constituye una dolorosa paradoja que el crecimiento del PIB dominicano ha ido paralelo con el aumento del abismo entre pobres y ricos. El estimado del ingreso nominal per cápita, que en dólares del año 2011 es estimado por la CIA en US$8,700.00 en 2009, US$9,200.00 en 2010 y US$9,400.00 en 2011, no ha representado alguna disminución importante de la pobreza extrema o estrechamiento de la creciente brecha entre los más afluentes y los más desposeídos, aunque el número de pobres haya disminuido.
El salario mínimo dominicano es de US$254.00 mensuales, o sea apenas un 13% del ingreso de una familia de cuatro personas estimado en los Estados Unidos como nivel de pobreza. En el caso de un padre de familia con dos hijos menores y una esposa desempleada, el salario mínimo dominicano representa apenas poco más de dos dólares diarios por persona para cubrir todas sus necesidades básicas.
Propuesta del sector privado
Recientemente, fue constituido en el país el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), formado por líderes empresariales “preocupadas por lo superficial del debate y del conocimiento que tiene la colectividad, sobre los aspectos que hacen girar la economía local y regional. Además, el incremento del gasto público en los últimos diez años, seis reformas fiscales en los últimos nueve años que han implicado incremento de impuestos y un creciente endeudamiento público han distorsionado la asignación de recursos escasos en la economía. Se percibe que las políticas económicas aplicadas durante la primera década de este milenio se han tornado más intervencionistas, lo que restringe al sector privado como promotor del desarrollo y la creación de riquezas”.
Acorde con su misión, expresada como “expandir la frontera del conocimiento económico y proponer políticas públicas en apoyo a la libertad económica”, el CREES está promoviendo una reforma fiscal integral, bajo la premisa documentada de que “el sistema impositivo cada vez más complejo crea distorsiones y costos” e instaura “incentivos perversos” que fomentan la informalidad en la economía. Al CREES también le preocupan los déficit presupuestarios del gobierno y el aumento de la deuda pública.
De acuerdo al “Factbook” de la CIA, en el 2011 el déficit fue de 2.6% del PIB, o sea casi US$1,500 millones (unos RD$58,000 millones). Ello quiere decir que diariamente el gobierno dominicano gastó durante el 2011 RD$159 millones de pesos más de lo que recaudaba por impuestos, tasas y otros ingresos. (La CIA usa dos cifras distintas al calcular el PIB, una empleando la tasa de cambio oficial que asume sobrevalora al peso, según la cual el PIB del 2011 fue de US$56.7 mil millones; y otra empleando el método de “paridad de poder de compra” o “purchasing power parity” según el cual el PIB del 2011 fue de US$94.58 mil millones).
Aunque según la CIA la deuda pública dominicana decreció del 36.8% del PIB en 2010 a 36.4% del PIB en 2011, en términos absolutos su crecimiento reciente ha sido vertiginoso. El CREES ha estimado que de RD$54.4 mil millones en 2011 el déficit llegará en 2012 a RD$107.5 mil millones, ¡casi una duplicación en apenas un año!
El CREES cree que el modelo dominicano está agotado y que la fragilidad de las finanzas públicas culminará con una insostenibilidad agravada por los altos pasivos del Banco Central, por el déficit cuasi-fiscal originado primero en la quiebra bancaria fraudulenta del 2003 y las posteriores emisiones de bonos soberanos.
¿Qué hacer? se preguntan los empresarios, cuya preocupación principal no es el efecto social del aumento de la brecha entre ricos y pobres, sino la sostenibilidad misma de la economía, desde el punto de vista de las finanzas públicas y por tanto de la gobernabilidad. Su propuesta, bien estudiada y fundamentada, consiste en realizar una reforma fiscal integral similar a la emprendida por Ronald Reagan al asumir la presidencia estadounidense en 1980, para reducir las tasas y aumentar las recaudaciones.
Romper el círculo vicioso de aumentos de impuestos para financiar el creciente gasto público, según el CREES, racionalizaría la ejecución del presupuesto del gobierno, aumentaría el empleo y el crecimiento económico, y sobre todo establecería las bases para un desarrollo más armónico, una de cuyas consecuencias será reducir la brecha entre los más pobres y los más ricos. Dos aspectos primordiales de la propuesta del CREES son la reducción de la evasión fiscal y disminución de la informalidad en la economía, incorporando a cientos de miles de dominicanos a la economía formal.
El CREES observa que entre el ITBIS (32.6%) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) (23.9%) se recauda la mayor parte (56.5%) de los ingresos tributarios, pero ambos presentan diversas exenciones. En los últimos años, sin modificación de base (número de contribuyentes) ni tasa, se amplía la brecha entre ventas exentas y gravadas. Es una manera elegante de decir que la evasión se incrementa cuando el comercio declara vender más productos exentos para disminuir fraudulentamente su tributación, o que las exenciones generan distorsiones.
Una mayor base y menores tasas implicarían, según los modelos del CREES, mayor eficiencia recaudatoria, aparte de estimular la justicia social, puesto que en términos absolutos las exenciones del ITBIS a quienes más benefician es a los dominicanos de mayores ingresos y no a los más pobres. En cuanto al ISR, en 2011 sólo el 9% de los asalariados pagó ISR debido a que el monto mínimo exento es muy elevado en comparación al salario mínimo. Más del 90% de los dominicanos gana menos de RD$30,000.00 mensuales, según la Tesorería de la Seguridad Social.
Predicando que los ingresos fiscales se incrementan con impuestos bajos y uniformes, según las estadísticas que muestra el CREES, el empresariado propone que la tasa del ITBIS baje del 16% a un 14% e incluya todo excepto dos casos: un ITBIS de sólo 7% sobre 15 productos alimenticios básicos actualmente exentos; y ningún gravamen para educación, salud, intermediación financiera, combustibles y electricidad.
En cuanto al ISR, el CREES propone una tasa uniforme también del 14% para personas y empresas. El ingreso personal mínimo mensual exento de ISR sería de RD$33,326.00 por tres años. Se eliminarán todas las nuevas exenciones a empresas y no se renovarán las vigentes cuando venzan.
Esta propuesta del CREES es una de las más serias, mejor fundamentadas y explicadas, que se haya visto en las últimas décadas en el país. El que el documento de más de cien páginas con los detalles esté circulando entre interesados apenas tres semanas antes del inicio de un nuevo gobierno, obliga a preguntarse: ¿cuánto caso hará el nuevo Presidente Medina y sus asesores al estudiado planteamiento empresarial?
Aquí entra en juego lo planteado sobre la importancia de las ideas sobre cómo vivir en sociedad. Los cambios necesarios para que la República Dominicana resuelva exitosamente sus retos o desafíos del presente y del futuro implican no sólo cambios estructurales o materiales, sino principalmente de enfoque. Importa la manera de pensar, la filosofía detrás de las ideas que mueven a políticos y demás personas capaces de promover, influir o ejecutar políticas públicas.
La corrupción: ¿causa de la pobreza?
Esta semana la Unidad de Inteligencia de la revista “The Economist” publicó una nota sobre el país en la que afirma que “observadores foráneos dicen la República Dominicana es uno de los países más corruptos de América Latina”.
Para muchos empresarios, locales y extranjeros, la corrupción privada y pública es el mayor problema dominicano, un reto del presente sin cuya solución el futuro luce pesaroso. Según una de las entidades de la sociedad civil preocupada por el tema, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), la corrupción en la contratación de obras públicas por el gobierno “supone un robo de alrededor de RD$100,000 millones” en 2011. ¿Será verdad que un valor casi igual a 5% del PIB dominicano y más del 25% del gasto total gubernamental en 2011 fue robado por funcionarios y contratistas corruptos? Si bien la cifra aparenta exagerada, el que una entidad con cierta aceptación en los medios de comunicación se atreva a ofrecerla da una idea de la tremenda magnitud del problema. Pero a juzgar por recientes encuestas de opinión publicadas en las semanas previas a las pasadas elecciones del 16 de mayo, la mayoría de la población no comparte el criterio del empresariado en cuanto a la gravedad de la corrupción. Algún cínico diría que ello es así porque los que no están robando están aguardando su turno…
Cualquiera podría argumentar que los retos actuales y del porvenir son otros: la terrible instrucción pública, la mala seguridad ciudadana, la interminable crisis eléctrica, el auge del tráfico de drogas, la impunidad y los problemas de sana administración de justicia, la falta de democracia a lo interno de los partidos políticos; la lista puede parecer interminable y cada asunto en verdad resulta importante. Pero todos y cada uno de estos, y otros no enumerados, dependen para su solución de dos instancias: los recursos de que disponga el Estado, por la voluntad política de la sociedad civil y del gobierno, de una parte; y el influjo de nuestra cultura sobre la manera de pensar las soluciones: mientras la mayoría de los votantes no demande el imperio de la ley podrán los políticos aplicar las reglas arbitraria o selectivamente.
Una reforma de ambas es urgente e imprescindible. La misma viabilidad de la patria puede que dependa de ello. Sin replantear la manera en que los gobiernos gastan la parte de la riqueza nacional que administran tras recaudar los impuestos, llegará un momento en que toda la economía dominicana no bastará para satisfacer las necesidades de las entidades estatales, cuya dinámica sobrecogerá la vida nacional poniendo a las fuerzas productivas a su servicio, en una inversión de funciones de funestas consecuencias.
La función pública cesaría así su misión de organizar y facilitar la vida en común, sujeta a los constreñimientos de la Ley, para pasar a ser una vulgar canonjía. En vez de estar el gobierno al servicio de pueblo, todos los ciudadanos estarían condenados a financiar una clase gobernante que no resuelve ningún problema colectivo. Hay desde hace tiempo indicios de cómo la sociedad dominicana camina por ese angustiante derrotero: al faltar agua del acueducto construimos cisternas con bombas eléctricas; al fallar la instrucción pública hasta los más pobres prefieren las escuelitas “particulares” aun sean “de patio”; al renquear los hospitales públicos florecen las igualas y seguros privados; al temérsele a los policías tanto o más que a los ladrones, hay más “guachimanes” privados que agentes del orden; al ser malo el transporte público de pasajeros hay una epidemia de “motoconchistas” inmunes a las leyes del tránsito; al abundar los apagones y el mal servicio eléctrico, hasta hombres dizque serios se roban la luz; en fin, hay casi más habitantes que ciudadanos.
La necesidad de un cambio no resulta sólo del desproporcionado lastre que significa la falta de gobiernos virtuosos. Está también el hecho de que el mundo, las realidades externas, cambian. La República Dominicana ya no es un país cuyo principal producto es el azúcar; la refinada a veces hasta hay que importarla. El sector de los servicios, con el turismo a la cabeza, hace años sobrepasó a la agricultura como principal fuente de empleos. Pero ese liderazgo del turismo expira en pocos meses, cuando la minería pasará a ser la principal generadora de divisas, por las exportaciones de oro, plata, níquel, cobre y otros metales. En el futuro inmediato se reducirá el monto total y la importancia de las remesas, el dinerito que envían a sus familiares los dominicanos que trabajan en los Estados Unidos, España y otros países. Esas remesas llegaron a equivaler un 10% del PIB, casi la mitad del valor de las exportaciones y 75% de lo generado por el turismo; la recesión global está trayendo de vuelta al país a muchos emigrados desempleados y los que siguen fuera la están pasando no tan bien…
Los supuestos ideológicos también han cambiado. Si el Presidente Medina se desplaza más a la izquierda que el Presidente Fernández en cuanto a sus políticas sociales y económicas, ello significaría una enorme trabazón para impulsar la reforma fiscal integral propuesta por el CREES. Este temor tiene su fundamento en los antecedentes políticos de Medina, quien ha aparentado estar siempre más a la izquierda que Fernández, como evidenció en su discurso de toma de posesión dirigido mayormente a microempresarios sin tratar casi para nada la industria o el gran comercio del país. Aun así, Medina también ha sido tenido siempre como un político más práctico y menos aferrado a teorías o posiciones ideológicas que su antecesor.
Para que el Estado dominicano cuente con un gobierno con los recursos necesarios y suficientes para las funciones propias de la administración pública eficaz, es imprescindible re-dimensionarlo y ajustarlo a las reales posibilidades de la economía dominicana. La voluntad política de la sociedad civil debe imponerse al gobierno para que surja una alianza, una comunidad de propósito, cuyo fin sea el bien común expresado en mayor libertad y prosperidad para todos los dominicanos, destruyendo el círculo vicioso que mantiene a los pobres en la pobreza.
Es un desafío enorme. Pero como todo desafío, objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, su propia naturaleza debe constituir un estímulo para la nación que lo afronta. Cambiar nuestra tradicional manera de ver y vivir la vida podría ser el primer paso hacia el objetivo de reorganizar el país, para integrar más habitantes al ejercicio pleno de la ciudadanía abandonando la informalidad económica, integrándose al esfuerzo colectivo para cerrar la vergonzosa brecha entre ricos y pobres fruto de nuestras viejas mañas y “lisios” ancestrales…
Por José Báez Guerrero
Especial para Noticias SIN
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