Jueza Giselle Méndez plantea revisar la ley para permitir audiencias virtuales en algunos trámites penales
La propuesta mantiene presencia obligatoria del imputado en audiencias clave como el juicio.
Actualizado: 20 de Noviembre, 2025, 10:36 AM
Publicado: 20 de Noviembre, 2025, 10:09 AM
Santo Domingo.– La presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, magistrada Giselle Méndez, consideró necesario revisar las limitaciones actuales que impiden el uso de audiencias virtuales en la justicia penal, al destacar los beneficios que tendría para agilizar los procesos y reducir costos.
¿Qué limitaciones existen para las audiencias virtuales en materia penal?
Durante una entrevista en el programa El Despertador, Méndez explicó que la Ley de Uso de Medios Digitales "limitó la posibilidad de audiencias virtuales a la materia penal", lo que obliga a que todas las audiencias penales se desarrollen de manera presencial.
"En todas las materias se pueden celebrar las audiencias virtuales, menos en la materia penal. La presencia del imputado es indispensable para el conocimiento de la audiencia", afirmó.
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¿Qué cambios propone la magistrada para la justicia penal?
No obstante, la magistrada señaló que existe espacio para introducir cambios que permitan la virtualidad en ciertos trámites que no requieren presencia física, sin afectar las garantías fundamentales del imputado.
"Una comparecencia remota sería mucho menos costosa, mucho más efectiva que un traslado por las carreteras desde largas distancias...", expresó, al abordar la preocupación por los procesos que involucran internos ubicados lejos de los tribunales.
Aun así, Méndez subrayó que en audiencias clave como el juicio, la presencia del imputado debe seguir siendo obligatoria.
"Lo que sí se debe garantizar es que el imputado esté en el tribunal el día y la hora pautado", puntualizó.
La jueza consideró que una eventual modificación legislativa permitiría definir qué trámites podrían realizarse de manera remota y cuáles deben permanecer presenciales, lo que facilitaría una justicia más ágil sin comprometer derechos procesales.
