Quien quiera conocer hasta el más mínimo detalle sobre la seguridad social encuentra una amplia y bien documentada fuente en Arismendi Díaz Santana. Es tema que conoce al dedillo y respira por todos los poros. El encabezó el equipo técnico que elaboró la actual Ley de Seguridad Social. Fue también el primer Gerente General del sistema. Y como especialista en la materia ha prestado sus conocimientos y servicios en media docena de países, a través de distintos organismos internacionales para los cuales ha trabajado. A el acudimos.
En el curso de nuestra conversación Díaz Santana fue diseccionando las distintas fallas que presenta el sistema a lo largo de los 16 años que lleva de vigencia la Ley en nuestro país, advirtiendo que el sentido y objetivo social de la misma se ha ido distorsionando en aras de un negocio donde prima el interés de lucro por sobre el servicio a los asegurados.
El especialista atribuye esa situación, principalmente, a la actual composición del Consejo Nacional de la Seguridad Social, organismo superior que rige el sistema, donde confluye una variada representación de distintos sectores que velan y hacen alianza, sobre todo, por sus particulares intereses.
Esta circunstancia ha impedido que todavía a más de tres lustros de su implementación haya artículos de la legislación que establecen beneficios a favor de los afiliados a los que no se les ha podido dar cumplimiento. Entre estos, cita el retraso en la atención primaria y la instalación de los centros de asistencia del primer nivel que permitiría promover la salud preventiva, quitar presión a los especialistas, reducir la asistencia hospitales y clínicas, y por consiguiente, reducir los gastos del sistema.
Otro aspecto altamente conflictivo es el de las pensiones. Ya de antes, había señalado la contradicción de que en tanto los beneficios de las AFP, que administran los aportes de las empresas y sus trabajadores de nómina, alcanzan a un 38 por ciento anual, los fondos acumulados a favor de estos apenas crecen a un promedio de 10 por ciento.
Bajo las presentes condiciones, Díaz Santana advierte que las pensiones que recibirían los trabajadores al momento de su retiro, cuando hayan alcanzado la edad mínima de 60 años y acumulado 360 cotizaciones, será de un 28 por ciento del salario percibido durante los últimos 3 años anteriores a ser pensionados. Una cantidad a todas luces insuficiente para garantizar una mínima calidad de vida y una situación agravada por el hecho de que junto con el otorgamiento de la pensión, el trabajador queda automáticamente privado del seguro de salud a una edad en que precisamente más lo requiere.
(Vale apuntar que por esta misma situación están atravesando miles de pensionados del sector público, quienes desde que comenzaron a cobrar a través del Ministerio de Hacienda, quedaron también automáticamente despojados del seguro de salud. Un problema que hasta ahora ha resuelto solo parcialmente un decreto presidencial y una resolución del Consejo limitada a quienes al momento de pasar a retiro percibían el salario mínimo del sector público, muy inferior de hecho al que rige para el sector privado).
Como solución Díaz Santana propone aumentar la cotización para el fondo de pensiones de un 10 por ciento a un 12 que era la propuesta original al momento de elaborar la Ley, rebajar la comisión que perciben las AFP y ampliar la edad del retiro, tomando en cuenta que desde que se elaboró la legislación a la fecha, las expectativas de vida han crecido significativamente, gracias a los notables y acelerados avances de la ciencia médica.
Díaz Santana apunta que se trata de un problema que están confrontando a nivel internacional, todos los sistemas de Seguridad Social, obligados a ese reajuste ante el riesgo de colapsar financieramente. Esto implica convencer a los gremios obreros de que esta medida, que resulta de adopción inexorable, es la única que permite garantizar la sostenibilidad del sistema, y por tanto, disponer de los fondos requeridos para el pago de las pensiones.
Pero en la agenda de temas pendientes figura también el hecho de que todavía no se ha encontrado la fórmula adecuada que permita ingresar al sistema al llamado sector informal, integrado por los trabajadores y profesionales por cuenta propia, una situación que todavía mantiene sin la cobertura de salud ni pensiones a más de tres millones de personas. Esta exclusión no resuelta viola el espíritu de la legislación creada con el fin de dar una cobertura absoluta a la totalidad de la población.
Desde hace algún tiempo una comisión está sometiendo a estudio la Ley de Seguridad Social, a fin de modificar su contenido en base a la experiencia acumulada en estos 16 años de aplicación. Sin dudas, Díaz Santana tanto como el ex vicepresidente Rafael Albuquerque, también altamente especializado en la materia, pudieran aportar sus valiosos conocimientos y experiencias en este campo.
Por su parte, al Departamento de Información y Defensoría de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), tocaría suministrar una orientadora información sobre los principales motivos de queja de los afiliados y violaciones incurridas por las prestadoras de servicios, en base a los miles de reclamos que recibe mensualmente y ha podido resolver en más de un noventa y ocho por ciento a favor de los asegurados a lo largo de todos estos años de valiosos servicios prestados en la defensa de sus derechos.
De esperar que la comisión trabaje con la agilidad requerida, que los cambios a la ley resulten positivos y elaborados sobre una base realista y al ser llevados al Congreso sean también conocidos, discutidos y aprobados sin perjudiciales retrasos, para que pueda recobrar a plenitud su alcance social y servir a los propósitos que inspiraron su creación y que tantas expectativas favorables generó en sus inicios.