Río de Janeiro anuncia un plan para recuperar territorios controlados por grupos armados

Río de Janeiro.– La gobernación de Río de Janeiro anunció este lunes un plan para recuperar los territorios de esta ciudad brasileña actualmente controlados por organizaciones criminales y en los que, según un estudio, viven unos cuatro millones de habitantes, el 34,9 % de la población de la urbe.

Plan de recuperación territorial y fases del proyecto

El llamado Plan de Recuperación de Territorios, elaborado por la Secretaría regional de Seguridad Pública de Río de Janeiro y con inicio previsto en los primeros meses de 2026, fue presentado a consideración del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte brasileña.

Su inicio depende de la homologación de la Corte Suprema, que en 2020 dictó una sentencia que restringe las operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro para garantizar los derechos humanos y que condicionó el levantamiento de la medida a un plan detallado de las autoridades regionales para expulsar a los grupos armados de las barriadas.

Según un estudio divulgado este mes por la Universidad Federal Fluminense, al menos cuatro millones de habitantes de Río de Janeiro, el 34,9% de la población de la ciudad más emblemática de Brasil, viven en áreas controladas por grupos armados.

El estudio se refiere a zonas dominadas tanto por narcotraficantes como por milicianos -grupos parapoliciales integrados en muchos casos por expolicías y exbomberos-, principalmente en favelas y barriadas populares donde la presencia del Estado es precaria.

El área metropolitana de Río de Janeiro, con siete millones de habitantes, es una de las más violentas de Brasil por los continuos enfrentamientos armados entre bandas rivales de narcotraficantes y entre éstas contra milicianos y policías.

Los tiroteos, la mayoría de las veces, obedecen a disputas de territorios.

Una operación policial realizada en noviembre en los complejos de favelas de Penha y Alemao, controlados por la organización criminal Comando Vermelho (Comando Rojo), terminó con 122 personas muertas, incluyendo cinco policías. Fue la operación más letal hasta ahora ocurrida en Brasil.

La primera se centra en el eje de seguridad pública y justicia, con un mapeo previo de los territorios y una intervención directa para expulsar a los grupos armados, mediante presencia policial permanente y, si fuese necesario, apoyo de fuerzas federales.

También contempla el combate a las finanzas ilegales, con fiscalización de servicios como gas, internet, transporte en microbuses y venta de hielo, sobre los que las mafias cobran "impuestos" a los habitantes de las favelas.

Impacto social y económico del plan

Las siguientes fases apuntan al desarrollo social y urbano, con campañas de asistencia social, refuerzo de la red educativa, implantación de escuelas de tiempo integral, cursos técnicos, actividades culturales y deportivas, así como obras de saneamiento, iluminación, limpieza urbana y regularización fundiaria.

El plan incluye además incentivos al desarrollo económico local, con apoyo a microempresas, cooperativas y al turismo comunitario, y una etapa final de gobernanza y sostenibilidad, con mecanismos de control social y una plataforma digital de transparencia.

El proyecto piloto comenzará en la zona sudoeste de la ciudad, específicamente en las comunidades Río das Pedras, Muzema y Gardenia Azul, áreas marcadas por disputas entre milicias y facciones del narcotráfico y consideradas críticas por las autoridades debido a su vulnerabilidad social y ambiental.

Según el Gobierno regional, esta primera etapa puede beneficiar directamente a unas 70.000 personas y, en fases posteriores, alcanzar hasta 1,2 millones de habitantes.

En una nota oficial, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, afirmó que el concepto de "reocupación" no se limita al regreso de la policía sino también al retorno integral del Estado.

"El foco es la permanencia y la transformación de la realidad local, con la integración entre seguridad y servicios sociales", señaló.