Rosario Espinal.
La llamada reforma fiscal, anunciada con bombos y platillos como un ejercicio de concertación social, supuesta generadora de un pacto fiscal según reza en una mutilada Ley de Desarrollo Nacional, ha devenido en un ejercicio insolente de imposición gubernamental.
En la Constitución de 2010, se constitucionalizaron muchas cosas para crear una fachada de revolución democrática que no tenía nada de revolución ni de democrática.
Se crearon altas cortes y se nombraron más jueces que en países con muchos millones de habitantes: el Tribunal Constitucional tiene 13, la Suprema Corte 17 y el Superior Electoral 5 (un innecesario total de 35). Se estableció un Consejo Económico Social de consulta que pocos frutos rendiría si expresaba desacuerdo con el todopoderoso gobierno. Se creó un Estado Social de Derecho que permanecerá en un palabrerío.
Con esa Constitución de trasfondo, el Congreso aprobó la semana pasada una reforma impositiva sin pacto social ni legitimidad política. Y con esa misma Constitución, el Congreso se embarca ahora en aprobar un Código Penal ultra punitivo para los menores y las mujeres, y ultra garantista para los funcionarios del gobierno.
En cada eslabón, ya fuera para aprobar la Constitución o cualquier otra reforma, el gobierno ha convocado al pueblo para supuestamente consultarlo, y luego, cuando no le gusta lo que escucha, le saca la lengua y hace lo que le plazca.
Cuando el gobierno no encontró aliados suficientes en el Consejo Económico Social para la reforma fiscal, corrió al Congreso donde supuestamente están los verdaderos representantes del pueblo. Pero allí no hubo amplias consultas, ni intentos de concertación, ni debate sopesado. El PLD habló con quien quiso e impuso lo que quiso al vapor.
Desde hace mucho tiempo, el gobierno del PLD va como una locomotora que perdió los frenos; quien se ponga delante queda destrozado, y los vagones van llenos de burlones.
Esa riesgosa aventura gubernativa se ha sostenido sin generar grandes crisis por dos razones principales: la anémica oposición política, y porque han cobrado muchos impuestos para financiar un amplio sistema clientelar y pagar las cuotas obligatorias de los préstamos con que inflan el Presupuesto Nacional y el Producto Interno Bruto (PIB), creando así un espejismo de estabilidad económica.
Con amplia capacidad de rejuego por la ausencia de oposición, el PLD ha perdido el sentido de lo que significa gobernar en democracia. Su palabra es la única verdad, y quien no se adhiera, es malsano o tonto.
La reforma impositiva es la gota que comienza a derramar la copa. Está generando la primera gran crisis de legitimidad del PLD en 12 años de gobierno. Y esto no solo por las protestas de estos días, sino también por el efecto negativo que tendrán los impuestos en el poder adquisitivo de la gente, en un momento que el PLD mostraba desgaste.
El gobierno utilizará su fuerza policial y mediática para enfrentar y deslegitimar las protestas, y cuando mueran varios (ya van dos) o llegue diciembre, la gente se replegará por un tiempo.
Luego vendrá el período de los bolsillos vacíos, y ahí aumentará la criminalidad de todo tipo (callejera, asaltos, robo de luz, etc.) y se producirán nuevas olas de protesta.
Sin elecciones en dos años para entretener el pueblo y darle alguna expectativa de cambio, el gobierno del PLD mantendrá un alto nivel de ilegitimidad en lo adelante, porque ni las tarjetas de solidaridad ni la inversión pública, ni el ejército mediático ni los discursos de Leonel Fernández, serán suficientes para compensar por el empobrecimiento que producirán el paquetazo impositivo y la especulación comercial.
Artículo publicado en el periódico HOY