La Paz.-La defensa, familiares y un grupo de activistas que por casi 12 años se encontraban en la búsqueda de justicia para la concejala aimara Juana Quispe, víctima de violencia política y asesinada en Bolivia, la justicia dictó este jueves una sentencia de 30 años de cárcel parar dos de los cuatros implicados en el caso.
En la audiencia conclusiva en el Tribunal Cuarto de Sentencia en La Paz se conocieron los alegatos finales y la sentencia de este caso en el que se determinó la pena máxima.
Se trata del exalcalde de Ancoraimes, Félix Huanca, y el exconcejal Pastor Cutili que deben cumplir con los 30 años de cárcel por asesinato, mientras que la exconcejala Basilia Ramos obtuvo 15 años de presidio y Exalta Arismendi tiene 2 años de reclusión por encubrimiento, contó a EFE la abogada de la familia de Quispe, Valkhiria Lira.
«Esta sentencia supone que en Bolivia no se permite el asesinato por odio ni en razón de género y que se deben respetar los derechos de las personas, de las mujeres», indicó Lira.
Recordó que fue un proceso lleno de trabas en el que la propia familia de Quispe quiso dejar el caso por las constantes amenazas y el temor que sentían, ya que los acusados fueron juzgados en libertad y tenían «poder» al ser exautoridades del municipio.
«Fue un trabajo muy rudo para las activistas, la familia y los abogados», sostuvo Lira.
En tanto, Eulogia Tapia, activista del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres expresó a EFE que están «contentas» con la sentencia después de tantos años de resistencia y de que se haya logrado tener «por fin justicia» para Juana, que «ya descansa en paz».
«Yo pienso que los seres que ya no están conviven en otra latitud con nosotros y (Juana) está contenta hoy día porque se ha hecho justicia», subrayó.
De la misma forma, la activista Rita Poma del mismo observatorio, apuntó a EFE que también acompañó el caso, enfatizó en que se acabó «el viacrucis» y que se logró hacer justicia.
Por su parte, la activista Georgelina Gomez destacó que la sentencia de este caso «emblemático» está «sentando un precedente jusriprudencial que va a ayudar a otras mujeres» que desempeñan cargos en la política para que no se vuelva a repetir esa situación.
La Defensoría del Pueblo destacó la sentencia, al igual que el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.
Denuncia de acoso
Quispe era concejala del municipio Ancoraimes en La Paz y denunció que no le dejaban ejercer su cargo luego de ganar las elecciones subnacionales de 2010.
La mujer obtuvo su puesto con un partido diferente al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), del entonces alcalde Félix Huanca, y según dijo empezó a ser víctima del acoso y violencia impulsados por el mismo funcionario.
En varias ocasiones no le dejaban entrar a las reuniones de los concejales, la gente la insultaba, llegaban a la puerta del edificio edil con «palos» para asustarla, le «echaron cemento a los ojos» y había una constante presión para que dejara su cargo.
La concejala había ganado una acción judicial para que le permitieran trabajar, pero Huanca y otros exconcejales la incumplieron y ella los demandó penalmente por «desobediencia a órdenes de amparo», lo que provocó amenazas de muerte.
El 12 de marzo de 2012, dos días antes de la audiencia conclusiva por la demanda penal, la mujer llegó a La Paz para asistir a una movilización en la que también iba a estar presente Huanca, luego se fueron a almorzar y no se supo más de la concejala. Al día siguiente su cuerpo fue encontrado cerca de un río en La Paz con señales de estrangulamiento.
A partir de este caso se impulsó la promulgación de la ley 243 que sanciona los hechos de acoso y violencia política en el país.
