Desde tiempos inmemoriales, la búsqueda de la belleza, de la felicidad y de la satisfacción personal son imperativos en los que las personas emplean sus mejores esfuerzos y emociones y desde el punto de vista individual cada quien tiene derecho a elegir sus propias decisiones, pero siempre la prudencia es una compañera que ofrece seguridad y previene muchos males.
Aún en el ejercicio pleno del libre albedrío, la sociedad, sus autoridades e instituciones tienen que permanecer vigilantes y garantizar que sus ciudadanos disfruten de servicios oportunos y eficientes, además de tener acceso al reclamo de sus derechos y a gozar de una eficiente y justa administración de justicia.
Decimos esto a propósito de la forma en que durante los últimos años se han venido repitiendo los casos de mujeres de diferentes edades que mueren durante intervenciones quirúrgicas con fines estéticos, sin que luego de los decesos se produzcan claras conclusiones sobre las causas y circunstancias en que se produjeron.
Los cirujanos y el equipo médico que le acompaña en esas intervenciones casi nunca admiten haber incurrido en negligencia, ya que generalmente aducen que las muertes sobrevienen después de imprevistos que surgen durante los procesos y que escapan al control de los facultativos.
Lo cierto es que en la mayoría de los casos las víctimas son mujeres que, según su historial clínico y las evaluaciones previas a las operaciones, han entrado al quirófano sin aparentes síntomas de padecer situaciones de salud que la expusieran a grave riesgo mientras estuvieran asistidas por personal médico competente.
Es cierto que cualquier intervención, por mas sencilla que sea, siempre entraña algún grado de cuidado y que por tal motivo, además de los exámenes cardiovasculares y otras pruebas, las operaciones tienen que realizarlas cirujanos especializados y con amplia experiencia.
Las pacientes que se someten a lipoesculturas en busca de mejorar su silueta y presentación, algo muy legítimo desde el punto de vista individual, harían bien en cerciorarse de alguna manera de las garantías médicas de que estarían rodeados en base a los antecedentes de los centros y de los propios facultativos, debido a la frecuencia en que se repiten tragedias de tiempo en tiempo.
A largo de décadas se han producido también un sinnúmero de casos sin decesos, pero en los cuales las pacientes han quedado con deformaciones de difícil recomposición y hasta con cicatrices e infecciones severas que les han trastornado la existencia.
Las autoridades de Salud Pública y en última instancia los estamentos judiciales tienen que actuar, las primeras supervisando de forma mas estricta los centros que se dedican a las cirugías estéticas y al ministerio público le toca desplegar la debida diligencia esclarecedora para establecer responsabilidades cuando ocurren hechos irrecuperables.
Al Colegio Médico le corresponde no sólo actuar como agrupación en defensa de sus asociados, sino también como entidad dotada de sensibilidad social y comprometida con la población en sentido general, a fin de que también se ocupe de velar por una eficiente administración de servicios facultativos, especialmente cuando se trate de cirugías sumamente delicadas y especializadas.
