Henry Molina.
El desarrollo futuro de todo país es una tarea que tarde o temprano quedará en manos de sus niños y niñas del presente, por lo tanto, la calidad de ese futuro estará definida por la calidad de los cuidados y educación que brindemos hoy a nuestra infancia.
En los últimos años, la República Dominicana ha avanzado enormemente en el campo de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero todavía quedan muchas tareas pendientes.
En materia de educación, existen grandes oportunidades de mejora en la cobertura preescolar. La deserción sigue siendo un problema grave y existen grandes diferencias entre las distintas regiones del país en la mayoría de los indicadores de medición de la eficiencia y calidad del sistema educativo.
La violencia contra los menores de edad y el trabajo infantil constituyen dos elementos que siguen atentando contra el sano desarrollo psico-emocional de la niñez dominicana.
Nuestro marco jurídico protector está contenido en el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), una norma avanzada que establece el Sistema Nacional de Protección. Sin embargo, la falta de recursos financieros y de seguimiento ha impedido que varias de sus iniciativas hayan fructificado.
Para que nuestro Sistema de Protección de la Niñez sea realmente eficiente es necesario erradicar la duplicidad en las intervenciones, la fragmentación de respuestas sociales y la falta de supervisión de los servicios prestados por el Sistema; desarrollar programas especiales que tengan por finalidad la incorporación o reincorporación a la sociedad de los adolescentes que delincan; fortalecer la capacidad de adherencia de los escolares con la escuela; y crear un hilo conductor que garantice la articulación de los esfuerzos entre el gobierno y otros sectores interesados en la protección, entre muchas otras acciones posibles.