Quien crea en la validez de consultas electorales radiofónicas y televisuales está muy cercano a la estupidez, si no a la ignorancia. Igual de “tarúpido” (tarado y estúpido) quien se tranquilice cuando le vendan una encuesta prefabricada en una oficina cuyos lujos han sido comprados con dinero acumulado del chantaje.
Esto no sería tan grave si tales prácticas se agotaran en individuos y no constituyeran un secuestro del derecho universal a la información veraz inherente a ciudadanos y ciudadanas. Pero estamos ante un verdadero atentado mediático a los esfuerzos por construir democracia, ciudadanía, libertades públicas e instituciones fuertes.
El emisor que monte estos shows mediáticos sin advertir a sus perceptores sobre su invalidez científica y, por tanto, la imposibilidad de generalizar en la población los resultados, deviene en oportunista de tomo y lomo. Un criminal que, dada la delirante coyuntura electoral, sepulta la posibilidad de la convivencia social en aras de intereses particulares, empresariales y partidarios.
Así como las leyes exigen que en las etiquetas de bebidas alcohólicas y cigarrillos se escriba que su consumo es perjudicial para la salud, la Ley Electoral nuestra debería establecer la obligatoriedad de precisar a oyentes, televidentes y lectores el carácter acientífico de sus consultas callejeras. Por las mismas razones debería controlar a los encuestólogos de aposento; es decir, a los negociantes gavilleros del mercado electoral.
Y aunque no lo contemple, en los responsables de medios debería predominar la voluntad ética de aclararlo, si fueran socialmente responsables y veneraran los derechos de quienes les dan vida.
Porque, como ha enfatizado Guillermo O’Donnell, citado en el estudio La Democracia en América Latina, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2004 (Cómo cubrir elecciones, p. 5) “La democracia es más que un conjunto de condiciones para elegir y ser elegido (democracia electoral); también es una manera de organizar la sociedad con el objeto de asegurar y expandir los derechos de las personas (democracia ciudadana).
Como ha aclarado Jorge Londoño, experto de la firma Invamer-Gallup: una encuesta es válida y sus resultados se pueden generalizar en la población, dependiendo de la representatividad y la distribución proporcional del muestreo.
Ha enfatizado que si “para representar la opinión de los habitantes de esa ciudad (Pereira, Colombia) solo se va a un centro comercial a seleccionar a un grupo de transeúntes, ésta (muestra) no será representativa, pues no todo pereirano pasa por ahí. Esa es la diferencia entre un sondeo callejero o radial y una encuesta científica”. Y agrega: También se requiere que la muestra considere en proporción justa todos los miembros del universo. Así, si esta excluye a los pobres de Pereira o a las mujeres de Pereira, entonces no será representativa de la población. “Vulgarmente” –precisa– “si uno revuelve bien la jarra, solo necesita una cucharada para saber cómo está el jugo”.
Así que, ejemplo, 1,200 personas encuestadas de acuerdo a las proporciones correspondientes a cada comunidad, con un margen de error de más o menos 3% y una confianza alta (95%), sin manipulaciones, podría determinar resultados muy cercanos a la realidad, si no ocurren fenómenos muy impactantes.
Cuando una encuesta científica declara la delantera en uno de los caballos, el jinete rival no tiene tiempo que perder. Debe reajustar su tren de pelea si quiere tomar un nuevo aire. Y eso no se resuelve con insultos ni descalificaciones. La bulla y el autoengaño solo dan pérdida.
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