SANTO DOMINGO, República Dominciana.- En el informe anual 2020-2021, Amnistía Internacional indicó que las tras la aplicación del toque de queda nocturno en marzo del año pasado, muchas trabajadoras sexuales transgénero perdieron la posibilidad de trabajar y se encontraron con dificultades para pagar el alquiler y sin acceso a protecciones sociales fundamentales, como una serie de servicios de salud, según la ONG Transsa.
«Las mujeres sometidas a discriminación por múltiples motivos interrelacionados, como las mujeres transgénero y las mujeres cisgénero de bajos ingresos, seguían sufriendo discriminación para acceder a empleos formales, y muchas continuaban vendiendo sexo como principal fuente de ingresos», afirma el reporte del organismo internacional.
Expresó que aunque las autoridades pusieron en marcha programas de asistencia, quienes se dedicaban al trabajo sexual enfrentaron obstáculos al intentar acceder a ellos, también según Transsa.
«Esta ONG, en colaboración con otras, finalmente pudo conseguir ayudas para algunas mujeres transgénero», sostuvo.
Conforme, Amnistía Internacional las autoridades tampoco aplicaron un protocolo nacional para la investigación de la tortura, pese a los indicios que Amnistía Internacional había presentado en 2019 a las autoridades que indicaban que la policía violaba, golpeaba y humillaba de forma habitual a las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual, en actos que podían constituir tortura y otros malos tratos.
