SANTO DOMINGO.- Tras el aplazamiento de las audiencias por la recusación a 29 representantes del Ministerio Público por la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, el principal imputado en la Operación Medusa, serán reanudadas esta tarde para continuar con el conocimiento del expediente.
La Procuraduría General de la República (PGR) estableció que no existe ningún tipo de enemistad, odio o resentimiento que les impida a los procuradores y fiscales llevar de manera objetiva el proceso judicial.
La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para hoy a las 4:00 de la tarde.
En la audiencia se deberá conocer la revisión obligatoria de las medidas de coerción a los imputados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Javier Alejandro Forteza Ibarra y solicitudes de la defensa de Alfredo Alexander Solano Augusto, así como la extensión del plazo solicitada por el Ministerio Público para presentar la acusación formal de este caso.
El caso se sigue también contra Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El grupo es acusado de integrar el entramado de corrupción por el que es procesado el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y los funcionarios de su gestión en el período 2016-2020.
El pasado 22 de febrero el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó las medidas de coerción que fueron impuestas a los imputados el año pasado por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, excepto a Rodríguez Sánchez y a Forteza Ibarra, a quienes se le conocerá el 18 de marzo próximo.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
