Trump y el Poder Vaticano

Santo Domingo.– Hubo un tiempo en que el poder del Papa no se ejercía únicamente desde los altares, sino también desde las plazas públicas, donde el silencio de la multitud se mezclaba con el sonido seco de la justicia humana, aplicada sin temblor por manos que no conocían la duda. 

Ese tiempo, que parece remoto y sin embargo está a la vuelta de la historia moderna, tuvo su última expresión en el pontificado de Pío IX (1846 - 1878),  cuando los Estados Pontificios aún existían y la autoridad papal era, al mismo tiempo, espiritual y temporal, sagrada y civil, misericordiosa en el púlpito y severa en el patíbulo.

Y en ese orden jurídico —que hoy nos parece severo y distante— la pena de muerte formaba parte del código penal pontificio. No era un recurso retórico ni una amenaza abstracta: se aplicaba. Y se aplicaba públicamente.

En las mañanas romanas, cuando el sol caía oblicuo sobre los adoquines, los ciudadanos sabían que la justicia podía presentarse en forma de ceremonia. 

Allí aparecía, con paso firme y oficio aprendido, la figura que la memoria popular bautizó con un nombre casi literario: Mastro Titta, el verdugo oficial de los Estados Pontificios. Su presencia anunciaba el momento en que el Estado del Papa —ese Estado que hoy imaginamos únicamente espiritual— recordaba que también era soberano civil, con derecho de vida y muerte sobre los condenados.

El orden debía verse para creerse; la autoridad debía mostrarse para ser obedecida. 

Bajo Pío IX, último gran soberano temporal del Papado, la justicia capital se ejecutaba con la solemnidad de una liturgia invertida: sin incienso ni cánticos, pero con la misma conciencia de que se estaba ejerciendo un poder absoluto, el más temido y definitivo de todos.

Ese mundo terminaría abruptamente en 1870, cuando las tropas del Reino de Italia atravesaron las murallas de Roma y los Estados Pontificios desaparecieron como entidad territorial independiente. 

Con ese hecho —que para Italia fue un triunfo nacional y para el Papado una catástrofe histórica— se clausuró una era. Ya no habría más horcas en plazas romanas bajo autoridad pontificia, no porque hubiese cambiado de inmediato la doctrina penal, sino porque el Papado había dejado de ser un Estado territorial con jurisdicción penal sobre una población civil extensa.

La caída del poder temporal obligó al Papado a reinventarse. 

Sin ejércitos, sin provincias, sin tribunales penales propios para un vasto territorio, la Santa Sede tuvo que redescubrir su identidad esencial: la de un sujeto espiritual con proyección universal, no la de un príncipe italiano entre otros príncipes. 

Esa transformación no fue inmediata ni indolora; fue lenta, contradictoria y llena de nostalgias por un mundo perdido. Pero, con el paso de las décadas, se convirtió en la base de una nueva diplomacia pontificia fundada no en la coerción, sino en la mediación.

Los Pactos Lateranenses de 1929 sellaron jurídicamente esa metamorfosis. La Santa Sede recuperaba un territorio mínimo —la Ciudad del Vaticano— suficiente para garantizar su independencia, pero renunciaba de hecho a la lógica del Estado clásico. 

Ya no sería una potencia territorial, sino una potencia moral; ya no ejercería soberanía mediante ejércitos o patíbulos, sino mediante la palabra, el derecho internacional y la autoridad espiritual. 

Aquel Estado diminuto, nacido entre muros y jardines, heredaba en realidad una de las redes diplomáticas más antiguas y persistentes del planeta.

Desde entonces, la Santa Sede entró en el sistema internacional como un actor singular. 

No es miembro pleno de la Organización de las Naciones Unidas, sino Observador Permanente; participa, habla, influye, pero no vota ni impone sanciones. Esa posición, que algunos interpretan como debilidad, es en realidad el precio de su neutralidad universal. Un Estado que vota se alinea; un observador puede dialogar con todos sin romper con ninguno.

De ahí que, cuando el Cardenal Pietro Parolin afirmó que la Santa Sede no participará en el llamado “Board of Peace” impulsado por el presidente Donald Trump, no estuviera pronunciando una negativa diplomática circunstancial, sino reafirmando la naturaleza histórica del Papado después de 1870. 

La Santa Sede no puede integrarse orgánicamente en estructuras geopolíticas diseñadas por potencias estatales, porque su fuerza reside precisamente en no ser percibida como instrumento de ninguna de ellas. 

Su autoridad depende de permanecer, en medio de las tormentas del poder mundial, como un árbitro moral y no como un jugador armado.

La paradoja, sin embargo, alcanza su plenitud cuando se observa el largo recorrido desde Pío IX hasta el Papa Francisco. Aquel pontífice del siglo XIX gobernaba un Estado que aplicaba la pena de muerte en plazas públicas mediante la horca; este pontífice del siglo XXI decidió eliminar definitivamente la pena de muerte del ordenamiento penal vaticano, afirmando que ninguna vida humana puede ser considerada irrecuperable. El gesto no fue simplemente jurídico: fue simbólico y teológico, pero también histórico. Cerraba, de manera consciente, el arco que había comenzado cuando el Papado ejercía justicia capital como cualquier soberanía temporal europea.

Así, la institución que en otro tiempo poseyó verdugos oficiales y tribunales se presenta hoy ante el mundo como una voz constante contra la pena de muerte, no desde la ingenuidad, sino desde la memoria de su propia historia. 

No habla desde la pureza abstracta de quien nunca conoció el poder coercitivo, sino desde la experiencia concreta de haberlo ejercido y haber aprendido sus límites.

Por eso, afirmar que el Vaticano es solo un “poder simbólico” resulta tan simplificador como afirmar que es una potencia real comparable a los Estados con ejércitos y arsenales. 

Es otra cosa: un sujeto soberano de derecho internacional cuya misión es espiritual y mediadora, cuya influencia no se mide en divisiones militares, sino en su capacidad para sentar a dialogar a quienes ya no se hablan. 

Su poder no ocupa territorios, pero atraviesa fronteras; no impone tratados, pero ayuda a que otros los firmen; no ejecuta condenas, pero recuerda a los Estados que incluso la justicia debe someterse a la misericordia.

En ese tránsito histórico —de la horca en la plaza romana a la abolición total de la pena de muerte— se resume la evolución del Papado desde poder temporal beligerante hasta autoridad moral global. 

Y en esa misma evolución se explica por qué la Santa Sede no puede ser fundadora de la ONU, ni miembro pleno, ni parte orgánica de un “Board of Peace” concebido por una potencia estatal. 

No por debilidad, sino por coherencia histórica: después de 1870, el Papado dejó de gobernar territorios para intentar gobernar conciencias. Y en ese cambio, que algunos consideran pérdida, reside quizás su forma más profunda de poder.