REDACCIÓN.- Ante la decisión anunciada por el Colegio Médico Domiciano (CMD) de desafiliar cerca de 325,000 personas de las Administradoras de Riesgos de Salud, empezando con la ARS Universal, personas consultadas por Noticias SIN sostienen que las autoridades estatales deberían intervenir para garantizar la funcionabilidad del sistema. Mientras, que otros difieren y, abrazan la medida de los médicos por los supuestos abusos que estas cometen contra los galenos y usuarios.
Alrededor de un 82.1% indicaron que se debe llamar a las partes deliberantes para que lleguen a un acuerdo mutuo, con el objetivo de que los usuarios no se vean afectados cuando vayan o estén recibiendo las atenciones en los centros, respetando los reclamaos de los profesionales de la salud, pero a la vez, los derechos de las empresas intermediadoras, ya que entienden que el régimen debe avanzar y no retroceder.
Por otro lado, un 17.8% expresaron no estar de acuerdo a que el Gobierno intervenga en la pugna o que infiera en la medida adoptada por el Colegio Médico.
Al cierre de la encuesta Opinan SIN por los diferentes canales digitales del medio de comunicación, los participantes apoyaron la restructuración de la Ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Una encuestada subrayó «Se eliminan las AFP y ARS, y se instaura un Sistema de Reparto Solidario que funcione como cooperativa, que sea administrado por un Secretariado de trabajadores y que se garantice salud sin cargos y Pensiones al 100% del promedio de los salarios».
«Las autoridades deben investigar, porqué el Colegio Médico tomó esa decisión, y si realmente están dentro del marco legal», ponderó otro usuario.
Se recuerda que el presidente del CMD, Senén Caba, manifestó que esa entidad junto a sus 56 sociedades médicas especializadas han de tomar la medida por ostentar desacuerdos con las prestadoras de servicios y no “pactar opciones viables en el diálogo que respondan a los justos reclamos”, dijo.
Según las afirmaciones de Caba, las exigencias de los galenos son que las tarifas a pagar a los prestadores sean justas desde las ARS para médicos y centros de salud público y privado, que el aumento de las tarifas se haga sin afectar a la economía de los usuarios, que se incremente el pago de consultas e internamiento y que sea efectivo el pago de consultas domiciliarias y ambulatorias.
