Nadie discute que la seguridad ciudadana es un bien público cuyo deterioro afecta tanto su valor público como su valor privado o económico.
Es un factor clave para la gobernabilidad, el buen gobierno o gobernanza, el bienestar y la calidad de vida de los individuos. Tiene impacto de mediano plazo en la rentabilidad, la sostenibilidad y la competitividad de cualquier sociedad.
Thomas Hobbes, en su Leviathan, nos ilustró acerca de cómo el pacto social y la delegación del tema de la seguridad al Estado, representó en su momento una solución a la guerra de todos contra todos. Una de las interpretaciones de la obra de Hobbes pone el acento en la delegación de la “legítima defensa” a un cuerpo especial dotado de autoridad y responsable de proveer la seguridad pública.
Pero dado el clima de inseguridad creciente en casi todos los países de América Latina y específicamente en República Dominicana, hay quienes interpretan que se necesita más autoridad, con un ejercicio más punitivo, con más capacidad de persecución, penalización y castigo. De ahí los reclamos por el incremento de la imputabilidad y de las penas, característicos del populismo penal.
Ninguna evidencia, ningún estudio riguroso del devenir de la seguridad en las diversas sociedades contemporáneas ha demostrado que ese camino garantice la seguridad ciudadana. En el planteamiento de Hobbes se establece la existencia del “pacto social” como origen de la autoridad del Estado.
Un pacto social que genere inclusión, cohesión y acogida, sentido de pertenencia, ejercicio pleno de derechos y expectativas razonables de un futuro mejor, es lo que hace falta para la construcción de una sociedad donde impere la seguridad. Sólo desde la cohesión social es posible reducir la agresividad, vulnerabilidad y, en definitiva, la violencia en todos los niveles.
Poco se podrá lograr a partir de acciones represivas e incremento del castigo en una sociedad, como la nuestra, donde una gran parte de la población posee una sensación de desamparo y pocas expectativas de futuro. Se trata, entonces de cambiar radicalmente esa perspectiva, esa percepción y las sensaciones asociadas a la misma; y esto sólo puede ser logrado desde un gran pacto, que implique acciones inmediatas de extensión de derechos y accesos y que genere una percepción de que tendemos una reducción de la inequidad.
Lograr este pacto social es una corresponsabilidad en la que toca al Estado tomar la iniciativa y extender el ejercicio de derechos, pero también son responsables la sociedad civil, las empresas y la ciudadanía en general: existen múltiples situaciones de deterioro en las que la inseguridad es una manifestación de la superficie. En la profundidad del tramado social se han estado engendrando por décadas factores que generan inseguridad como expresión de múltiples inequidades.
Debemos superar la falsa dicotomía de “nosotros”, agredidos por la inseguridad, contra “ellos”, portadores de la violencia y agresores, causantes de la inseguridad.
No podemos seguir aferrados a ese “nosotros” excluyente, porque es precisamente lo que hemos estado haciendo desde hace décadas y no ha funcionado. El modelo de ser y de entender las cosas tiene que cambiar, o no estaremos seguros. Lo que necesitamos es: más tolerancia, más acogida, más protección de los débiles, más restauración de aquellos que sufren o han sufrido a causa de la inseguridad, más y mejores vínculos, más y mejor tejido social; porque al final la sociedad somos todos.