A casa llena con un público donde destacó la nutrida presencia de representantes del sector empresarial y el mundo de los negocios, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, tuvo a su cargo el discurso de introducción que dio paso a la presentación de los resultados del detallado trabajo llevado a cabo por el organismo con la finalidad de identificar la cantidad y costo de los numerosos procesos regulatorios existentes en las distintas instituciones del Estado.
El exhaustivo ejercicio de cuantificación que tomó varios meses, y según puntualizó el funcionario no le costó un solo centavo al Estado a excepción de los sueldos del personal de la Dirección Nacional de Análisis Regulatorio del Consejo que trabajó en el mismo, contó con la colaboración metodológica de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México, conocida por sus siglos de CONAMER.
Los resultados de este inestimable trabajo de recopilación bautizado como RD+Simple han sido extremo reveladores. En total, la Dirección estableció la existencia nada menos que dos mil noventa y siete regulaciones administrativas en vigencia y mil 873 trámites y servicios. Pero si asombrosas son estas cifras mucho más impresionante es el costo que representa para los ciudadanos que la Dirección establece en la impresionante cifra de 197 mil millones de pesos, equivalentes al 5.46 por ciento del Producto Interno Bruto, o sea de toda la riqueza que produce el país. Para los que llevan la cuenta en dólares, al cambio actual casi cuatro mil millones de dólares, año tras año. Una cantidad ocho veces mayor que el déficit del sector eléctrico.
No se trata, sin embargo, de un simple ejercicio estadístico. El estudio constituye la base de un dinámico proyecto estratégico que llevará a cabo PRO COMPETITIVIDAD con la finalidad de en el breve plazo de unos pocos meses reducir en un setenta por ciento las regulaciones, comenzando de manera prioritaria con las existentes en los diez trámites que concentran el mayor costo en la economía.
Entre estos, el licenciado Paz, citó los registros sanitarios, la mecanización agrícola, la solicitud de exequátur de profesionales y el traspaso de vehículos. Adicionalmente se agregarán otros setenta trámites correspondientes a igual número de instituciones estatales. En términos económicos, estas acciones que llevará a cabo el Consejo Nacional de Competitividad representará una reducción de la carga regulatoria del 5.46 actual a solo el 1.6 por ciento del PIB. O sea, tres veces y media menos. Una simple operación aritmética permite estimar el ahorro ciudadano en una suma cercana a los ciento cincuenta mil millones de pesos, lo que da una idea de la importancia del trabajo efectuado y de las acciones correctivas a realizar.
Así como no somos remisos a la crítica del ejercicio público cuando entendemos que este no cumple su misión a cabalidad ni llena las expectativas que cabe esperar de su gestión, entendemos de elemental justicia destacar, por el contrario, y no escatimar reconocimiento a una gestión positiva. La que acaba de cumplimentar PRO-COMPETITIVIDAD cae en esta categoría y justo es señalarlo.
De esperar que ahora con la misma eficiencia con que ha realizado esta importante evaluación, pueda llevar a pronto y feliz término la segunda parte del mismo, como es la de implementar las acciones que se traduzcan en el prometido y significativo ahorro de recursos que hoy se dispendian por exceso de innecesarios y obsoletos trámites y normas burocráticos.