Vaivén de una Vaina

Dos décadas atrás, escribí un ensayo sobre la migración haitiana en el país, publicado en enero 2006 en el unigénito número de la Revista Dominicana de Política Exterior -edición monográfica dedicada al examen de las relaciones entre los dos países que comparten la isla. Diez años antes fui contratado por el PNUD y la SEREX para elaborar el Blue Book sobre Haití del proyecto de modernización de nuestra política exterior. Dada su vigencia, ahora en escenario de mayor desbordamiento migratorio, resumo la primera parte del texto de la Revista.

Pocos estados comparten el territorio de una pequeña isla de 76 mil km2 y unos 23 millones de habitantes, separada por una porosa frontera de 391 km de longitud que sirve como vía a un incesante flujo de inmigrantes ilegales atraídos por mejores oportunidades de empleo, calidad de vida y acceso a servicios sociales. Cuyo volumen ha desvanecido los controles dominicanos, generando frecuentes tensiones bilaterales y serias presiones internacionales.

Si bien los haitianos suplen fuerza de trabajo para la zafra azucarera y otras cosechas, la ganadería y la construcción, una mayor visibilidad, gravitación en los servicios de salud y educación, e ilegalidad de su estatus –más la historia de conflictos y el colapso del Estado vecino-, han generado el temor del lado dominicano de un inminente «riesgo de contagio». Incidentes crecientes entre haitianos y dominicanos presagian pugnas interétnicas.

El «riesgo de contagio» se ve reforzado por la impresión de que actores de la comunidad internacional buscan viabilizar la dramática situación de Haití mediante «soluciones conjuntas» con República Dominicana, conllevando pérdidas en soberanía e identidad. Ya un Index del 2005 de Foreign Policy, nos incluyó en el rango 19 de 20 naciones propensas a Estados Fallidos, junto a Irak, Afganistán, Haití y Colombia. Carlos Dore, entonces director de Información y Análisis de la Presidencia (DIAPE), señaló «una idea oficialmente no planteada de fusión de la Hispaniola». Mientras el presidente Fernández advirtió: «No hay soluciones conjuntas para República Dominicana y Haití.»

Por la frontera salen los productos de consumo dominicanos que suplen nuestro 2do mercado tras EE. UU., dinamizando la economía cibaeña y el comercio binacional. Esta franja exhibe los indicadores más deprimidos de la isla, auxiliada por ONG´s y fondos de cooperación internacional.

Desde que la inestabilidad se adueñó de Haití tras la salida de Jean Claude en 1986, la DEA alertó su conversión en base del narcotráfico en ruta a EE. UU. Pese a intervenciones norteamericanas y de la MINUSTAH, la erosión de la autoridad ha derivado en bandas criminales y tráfico de armas, afectando la seguridad de RD y la región. En 2005 una misión del Comando Sur, los departamentos Homeland Security, Justicia, Estado, la Patrulla Fronteriza, y su contraparte dominicana, evaluaron riesgos y respuestas.

En las últimas décadas el problema haitiano en Santo Domingo ha sido tema central. Prácticamente todos los sectores que inciden en la agenda pública han planteado su preocupación. Estudios académicos, seminarios, reportajes, artículos y editoriales, informes de comisiones oficiales, pastorales y reportes de organismos internacionales, grupos de derechos humanos y agencias extranjeras, han documentado esta problemática. Evidenciándose gran dispersión de enfoques entre los actores nacionales y ausencia de consensos básicos que solventen políticas públicas consistentes y pongan orden en una materia sensitiva y compleja.

Cuando se contrastan los enfoques nacionales con los informes internacionales, resalta un abismo. Los cargos que se le formulan al país desde el exterior –regularmente muy sesgados- tienden a encender los ánimos nacionalistas, oscureciendo la identificación de políticas realistas. Los intereses legítimos dominicanos suelen relegarse bajo premisas humanitarias a favor de la población haitiana, asumiéndose posturas cuyos sustentantes no están dispuestos a aplicarse a sí mismos. Máxime cuando los controles migratorios y de seguridad en Estados Unidos y Europa se han endurecido tras los atentados terroristas del 11-S, y los de Madrid y Londres.

Mucho antes, vale recordar la crisis migratoria de los «boat people» a raíz del golpe a Aristide en septiembre 1991, cuando Bush (padre) ordenó a la Guardia Costera interceptar y devolver más de 38,000 haitianos en altamar en los primeros 6 meses y habilitar campos de refugiados en la base de Guantánamo. Política seguida por Clinton, pese a su posición crítica en campaña, ante el flujo extraordinario rumbo a la Florida, sólo normalizado con la invasión norteamericana de octubre 94 que repuso a Aristide en el poder.

En esa ocasión, el Departamento de Estado diligenció ante gobiernos de la región, incluido el nuestro, la instalación de campamentos de refugiados haitianos. Entre las razones de seguridad nacional que llevaron a EE. UU. a invadir a Haití en dos ocasiones en una década (1994 y 2004), figura evitar éxodos migratorios como el de los «boat people». Una lógica norteamericana exclusiva que EE. UU. no asume válida para otros países.

En los últimos tiempos, a medida la situación en Haití se ha agravado, han recrudecido las presiones internacionales para que RD adopte medidas a favor de la regularización del estatus de los nacionales haitianos y sus familiares que residen ilegalmente en el país. Dos décadas atrás el informe Personas Ilegales (2002) de Human Rights Watch, recomendaba al gobierno que: «Los funcionarios del registro civil no deberían exigir a los padres de niños nacidos en la República Dominicana presentar cédulas (de identidad) para obtener las actas de nacimiento de sus hijos.» Una fórmula que desvirtuaría todo el sistema nacional de registro civil e identidad personal.

Con ello se ignoran nuestros traumas político-electorales de las últimas décadas relacionados con la fiabilidad del registro civil y el sistema de identificación personal. Motivo de reformas legales e institucionales y de cuantiosos recursos destinados a la modernización e informatización plena de las oficialías.

La internacionalización multilateral del problema migratorio haitiano en la República Dominicana –antes tema bilateral- se inició en la década de los 80 de la pasada centuria, al desarrollarse un caso en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por alegada violación de los derechos laborales de los cortadores de caña haitianos y al denunciarse las condiciones de los bateyes azucareros estatales. Cuando el Estado operaba un consorcio de 12 ingenios y era el mayor empleador de braceros haitianos, contratando con el gobierno de Haití los términos para su reclutamiento, remuneración y repatriación al finalizar la zafra.

Una comisión de encuesta de la OIT vino al país en 1981 y 1983, recomendando medidas sobre contratación, traslado, formas de pago, sindicalización, residencia temporal, a las que un comité de expertos del organismo dio seguimiento durante la década.

En el plano político, el exilio anti duvalierista identificó el asunto de los braceros haitianos como un medio propicio para debilitar en la arena internacional al régimen de Jean Claude Duvalier y presentarlo confabulado con el gobierno dominicano en la operación de una suerte de trata de esclavos modernos. La obra de Maurice Lemoine, Azúcar Amargo (Sucre Amer, esclaves aujourd´hui dans les Caraibes 1981 y 1987 en español), documentó esta denuncia. El propio gobierno de Jean Claude reaccionó a la acusación, elevando las exigencias a la contraparte dominicana en la mesa de negociación, logrando mejores condiciones salariales, de transporte y habitacionales para los braceros temporales, durante los gobiernos de Guzmán y Jorge Blanco.

A inicios de los 90, una coalición formada por Human Rights Watch/Americas, National Coalition for Haitian Refugees (NCHR) y Lawyers Committee for Human Rights, lanzó una campaña en Estados Unidos sobre esta problemática, solicitando sanciones económicas contra República Dominicana. A la cual se sumó por razones propias la AFL-CIO, alegando ausencia de derechos sindicales en las zonas francas. En paralelo, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se abrió un expediente sobre el mismo tema. Por lo cual, para contrarrestar esa imagen y bajo el liderazgo de Luis Heredia Bonetti, lanzamos el programa Dominican Week en USA.

En el primer gobierno de Aristide esta denuncia se llevó a CARICOM e incluyó un boicot turístico promovido en Canadá por grupos de la diáspora haitiana y de derechos humanos. Alcanzando su clímax al comparecer Aristide ante la Asamblea General de la ONU días antes de su derrocamiento el 30 de septiembre 1991, condenando las condiciones laborales y de vida de la población haitiana radicada en el país. En respuesta, el gobierno de Balaguer (1986-1996) promulgó un nuevo Código de Trabajo elaborado por juristas dominicanos con asesoría de OIT que actualizó la normativa nacional a la luz de los convenios internacionales. Dispuso estrictas regulaciones para formalizar la contratación de braceros y designó una comisión para mejorar los bateyes del CEA.

En 1991, en el pico de la campaña de opinión internacional adversa y tras presentarse en la TV norteamericana el documental Bitter Harvest, sobre el empleo de mano de obra infantil haitiana y la situación de los ancianos en los bateyes, nuestro gobierno procedió a la repatriación de inmigrantes ilegales, estimado por entes de derechos humanos entre 30 y 50 mil.

Con los correctivos introducidos y tras sucesivas visitas de inspección de funcionarios estadounidenses de alto nivel de los departamentos de Trabajo y de Estado, así como de congresistas, el país aprobó el examen con los estándares exigidos, superando los riesgos de sanciones económicas. Que habrían significado la exclusión de los sistemas de cuotas azucareras y de acceso preferencial generalizado a ese mercado, al cual se destinaba entonces más del 80% de las exportaciones dominicanas de bienes. Con daño agravado para las zonas francas, la industria azucarera, sus trabajadores y la economía nacional en su conjunto.

Como se ve, esta vaina viene de lejos. Y todavía no termina.