Cuando en la anterior reunión de la OEA para tratar el caso de Venezuela el Canciller de Argentina propuso promover un diálogo para tratar de buscar una salida de consenso a la crisis que arrastra el país bolivariano, los radicales partidarios de aplicarle la Carta Democrática se sintieron traicionados por el gobierno de Mauricio Macri. Este, desde que desplazó al clan Kircher del poder en el país gaucho por vía de las urnas había sido un fuerte censor de la política autoritaria seguida por Nicolás Maduro.
Ahora, seguramente las críticas lloverán sobre el Presidente Barak Obama, luego que después del fuerte enfrentamiento verbal que sostuvieron en la asamblea de la OEA celebrada aquí, el Secretario de Estado norteamericano John Kerry y la rígida Canciller venezolana, Nercy Rodríguez, acordaron crear un espacio de diálogo que tuvo una rápida acogida por parte de Maduro.
A muchos podrá sorprender estos cambios de estrategia, en particular de los Estados Unidos, que equivalen tanto como a quitarle la alfombra debajo de los pies al Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Este había sustentado su petición de emplear la Carta Democrática contra el cuestionado mandatario venezolano apoyado en un laborioso informe de más de ciento treinta páginas, conteniendo un análisis exhaustivo de la profunda crisis por la que atraviesa Venezuela.
Lo cierto, sin embargo, es que las probabilidades de que la propuesta de Almagro sea acogida por la mayoría del organismo regional van de escasas a nulas. La razón gira alrededor de una sola palabra: PETROCARIBE, el plan de suministro de petróleo a países de la región en condiciones de créditos blandos a largo plazo puesto en práctica por el desaparecido Hugo Chávez.
Ofrecido como gesto solidario, fue un arma política destinada a establecer lazos de dependencia y apoyo con su régimen por parte de los países beneficiados así como de proyectar su figura a nivel continental. Esto permitió a Chávez ocupar el activo espacio protagónico dejado vacante por el obligado retiro de su mentor y guía Fidel Castro y ante el desinterés de Raúl, su hermano y heredero, por competir en ese escenario por demás extraño a su naturaleza, para dedicarse de lleno a enfrentar en Cuba el reto
de los cambios, proclamados por el mismo como inaplazables en el campo del fracasado y empobrecedor sistema económico mantenido por casi medio siglo, que ha estado realizando tímidamente para no afectar el control político y la férrea estructura autoritaria del régimen.
De ahí, que tanto la propuesta inicial de diálogo hecha por el Canciller argentino, como el espacio de distensión convenido entre el Secretario de Estado norteamericano y la Canciller madurista, después del áspero match verbal que mantuvieron en el foro continental y sirvió de alimento mediático al morbo público, responda a eso que llaman “real politik”. O sea, una política realista.
La gran interrogante es… ¿hasta dónde será posible lograr soluciones viables a la grave crisis de Venezuela económica, social y política dentro del marco institucional establecido por la propia Constitución Bolivariana, que Maduro ha estado violando sin recato en su desesperado intento por evadir el referendo revocatorio?
La primera condición para iniciar un real proceso de acercamiento sería disponer la libertad de los presos políticos. Votada por la Asamblea Nacional, Maduro se ha negado obstinadamente a promulgar la amnistía rechazando todas las peticiones que se le han dirigido en ese sentido tanto por la oposición como por parte de otros gobiernos, personalidades e instituciones internacionales.
Lo segundo es la celebración del referendo revocatorio. Maduro, las bocinas gubernamentales y sus acólitos en el exterior han querido presentarlo como un golpe de estado promovido por Washington, cuando en realidad es un procedimiento legal y legítimo establecido en la propia Constitución Bolivariana para ejercer el cual la oposición ha cumplido sobradamente con los requisitos establecidos.
Como plan B, o vía de escape, la estrategia de Maduro en caso de verse obligado a aceptar el referendo, es aplazar el proceso para que se celebre el próximo año. La razón: de llevarse a cabo antes de finalizar el 2016, habría que convocar a nuevas elecciones en un plazo no mayor de 30 días, con todas las posibilidades de victoria a favor de la oposición. Pero si se dilata hasta el 2017, en caso de tener que dejar la presidencia el poder pasaría a manos del sustituto oficialista. El mismo sistema con otra máscara.
Siendo realistas, las posibilidades de hallar soluciones satisfactorias por vía del diálogo son muy escasas, casi ilusorias, pese a los buenos deseos expresados por la comunidad regional y las afanosas gestiones mediadoras de los ex presidentes Leonel Fernández, el panameño Martín Torrijos y el español Rodríguez Zapatero.
Prueba al canto: contrastando con su rápida acogida a la rama de olivo que le tendió John Kerry, Maduro acaba de plantear un juicio público a la Asamblea Nacional para supuestamente probar el propósito desestabilizador de la oposición mayoritaria. Paradójicamente dispuesto a hacer las paces con el odiado enemigo estadounidense, se niega a dialogar con los propios venezolanos que adversan su gobierno.
Mientras tanto, Venezuela continúa desangrándose en todos los aspectos. La economía se sigue desplomando; la inflación, la más alta en el mundo, sigue su desenfrenada carrera alcista; la corrupción de los jerarcas, funcionarios y favorecidos del gobierno se incrementa; florece el narcotráfico con amparo y complicidad oficial y militar; los suministros de alimentos y medicinas se tornan cada vez más escasos provocando reacciones de desesperación en la población; aumentan el clima de violencia, delincuencia e inseguridad y la crisis política y social se agudiza convirtiendo el futuro del país en una interrogante de muy sombrío pronóstico.
Ojalá estar equivocados. Lamentablemente esta luce ser una apuesta de muy bajos logros.