Henry Molina.
Año tras año, resulta alarmante ver aumentar el número de feminicidios en el país, para la vergüenza de una sociedad que debería estar concentrada en la acumulación de estadísticas de progreso.
La violencia contra la mujer es un problema complejo. Sus raíces se encuentran en dilemas socioculturales enquistados en nuestra idiosincrasia, agravados por problemas económicos y deficiencias educativas. Esta nomenclatura defectuosa ha sido el caldo de cultivo para una degradación creciente de nuestros valores, actitudes y costumbres.
Es sabido que muchas mujeres evitan hacer las denuncias por miedo o porque se sienten atrapadas, aunque también se da el caso de un escaso apoyo institucional y pobre respuesta policial para las que sí denuncian. Existen casos con desenlaces fatales en los que el perpetrador ya había sido sometido por su víctima ante las autoridades; triste evidencia de las deficiencias de nuestro sistema de justicia.
¿Qué hacer? Contamos con un marco legal que incluye instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Para), que imponen al Estado la obligación de crear estructuras que permitan el desarrollo de la mujer libre de discriminación y violencia. Tenemos la Ley 24-97, que modifica el Código Penal incluyendo lo relativo a la Violencia Intrafamiliar y de género; tenemos las Fiscalías Barriales, la Unidad de Género de la PN; el Ministerio de la Mujer; la Procuraduría General Adjunta de la Mujer.
Con estas herramientas debemos ser capaces de dar respuesta eficaz al problema, fomentando relaciones interpersonales basadas en el respeto y la solidaridad e implementando un sistema que funcione y que dé seguimiento a los casos desde el primer momento. Como parte de la Sociedad y el sistema de Justicia, todos y todas somos responsables de revertir esas estadísticas.