Representantes políticos admiten la insuficiencia de controles y la necesidad de transparencia en financiamiento electoral
República Dominicana.– Organizaciones de la sociedad civil habían propuesto a los partidos políticos diversas fórmulas para impedir la penetración del narcotráfico, pero estas recomendaciones no han sido aplicadas ni enviadas al Congreso para fortalecer los filtros de control.
FINJUS reiteró que lleva años sugiriendo mecanismos más eficientes, mientras que Participación Ciudadana insiste en la necesidad de establecer topes de gastos y una fiscalización estricta de los recursos.
El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, reconoció que, al igual que la ciudadanía, se siente “harto” de los escándalos de narcotráfico que involucran a legisladores y autoridades municipales.
Desde FINJUS, Servio Tulio Castaños recordó que la organización ha planteado estas propuestas desde hace tiempo y advirtió: “Esa siempre fue una propuesta de la Fundación, pero eso no es suficiente porque no se puede ver desde el punto de vista de los partidos, sino de las propias candidaturas.”
Desde Participación Ciudadana, Leidy Blanco subrayó la urgencia de controlar los gastos electorales y la transparencia en el financiamiento: “No podemos tener campañas tan costosas; falta fiscalización y transparencia.”
Por su parte, la politóloga Rosario Espinal criticó que los casos de narcotráfico salgan a la luz solo por solicitudes de extradición de Estados Unidos: “Si no, no se supieran, no porque en los partidos hayan puesto filtros, y eso cuestiona a esas organizaciones.”
La diputada del PRM Soraya Suárez afirmó que el llamado de su partido a denunciar a quienes tienen vínculos con el narcotráfico debe venir acompañado de mayores responsabilidades:
“Al presidente de mi partido le faltó pedirle perdón a la ciudadanía por tantos candidatos que llevamos en las boletas que están vinculados con el narcotráfico.”
En tanto, el diputado de la Fuerza del Pueblo Alcibíades Taveras consideró que los casos recientes “dan vergüenza”, señalando que la mayoría de los implicados han sido detectados por investigaciones de la DEA.
Hasta la fecha, los legisladores y regidores involucrados en narcotráfico y extraditados a Estados Unidos no han sido procesados en República Dominicana.