Henry Molina.
El Estado de Derecho, más que una aspiración de la democracia, es un requisito para ella. Sin Estado de Derecho, la democracia es inexistente. Su construcción no es responsabilidad sólo del gobierno, sino que constituye un proceso en el cual deben involucrarse todos los actores políticos relevantes y la ciudadanía.
En la última década, nuestra nación ha avanzado significativamente hacia el Estado de Derecho. La reforma constitucional llevada a cabo en el 2010 y los procesos de reforma judicial que están en la palestra pública son iniciativas que sin lugar a duda han aumentado las posibilidades de alcanzar el Estado de Derecho, pero aún nos queda mucho camino por recorrer.
Algunos temas relevantes de la agenda son: la política pública y la justicia como derecho de los ciudadanos, lo que implica dar a la garantía de los derechos sociales su justo lugar, a la par de los políticos y civiles; la mejora del Sistema de Administración de Justicia, sobre todo en lo concerniente a fortalecer la autonomía del sistema y mejorar la calidad del proceso de administración de justicia y sus resultados. El derecho a la equidad, los derechos del consumidor, los derechos laborales, el derecho a la participación y la libertad de expresión.
Asimismo, es necesario generar una política de Justicia democrática, instaurando una cultura de resolución pacífica de los conflictos, minimizando así la posibilidad de que el ciudadano utilice vías de hecho para la resolución de los mismos. A ello hay que agregar el fortalecimiento de la figura del juez, la consolidación del sistema penal acusatorio, y la mejora en la celeridad y calidad con la que se imparte justicia.
Finalmente, se hace imprescindible derrotar la impunidad en sus tres vertientes: legal, moral y cultural. Para ello debemos mejorar la gerencia de la justicia, promover la concertación institucional e instaurar en la sociedad una cultura de la legalidad.