Negarle al gobierno la realización de una serie de obras y toma de disposiciones de importancia y utilidad, sería caer en aberrante extremismo de fanática ceguera oposicionista. Pero, del mismo modo, hay que señalar y esto debe reconocerlo el propio gobierno en justicia y por su propia conveniencia, que buena parte de su gestión está resultando empañada sobre todo por el tema de la corrupción y la sensación generalizada de impunidad que la arropa.
Si bien es cierto que corresponde a la Justicia la misión de sancionar los actos dolosos por parte de aquellos funcionarios que han convertido el ejercicio de sus cargos en medio para su enriquecimiento ilícito en no pocos casos a escala escandalosa y hasta, en algunas ocasiones, con grosera e impúdica exhibición, no lo es menos que existe una gran parte del país que considera que el gobierno no ha hecho lo suficiente para ponerle freno. Se le imputa también, no sin razón, que se ha mostrado indolente a la hora de someter a los funcionarios en posible falta a la acción de los tribunales. Los ejemplos hablan.
El Poder Ejecutivo reaccionó de inmediato ante el escándalo de la venta de Los 3 Brazos por parte de CORDE a una empresa privada para supuestamente titular los solares ocupados desde hacía décadas por sus moradores, cuando en el mejor de los casos podía haberla contratado simplemente para ese fin. En realidad el propósito era exigirles fuertes sumas por el supuesto traspaso de los mismos. Una operación, que según se calculó y comprobó la comisión investigadora, habría producido a dicha empresa beneficios por un monto muchas veces superior al precio de clásica “vaca muerta” pagada al organismo. Si bien la comisión nombrada rindió su informe con inusitada presteza poniendo al desnudo las irregularidades de la operación y el perjuicio para el Estado, el gobierno se limitó a destituir al director de la institución, pero no se ha emprendido ninguna acción para depurar posibles responsabilidades penales.
El nuevo director del CEA, donde por años se dispendió impunemente más de las 3 cuartas partes del más valioso patrimonio inmobiliario del país, con parte del cual se mantuvo una innecesaria y sobrecargada nómina clientelista de cinco mil empleados, que costaba 50 millones de pesos mensuales, ha denunciado la práctica ilegal e inmoral de anteriores administraciones de vender y cobrar dos y tres veces por la misma parcela. Esto costó la vida a un destacado periodista y a un conocido locutor petro-macorisanos y a su matador. Hasta ahora, brillan por su ausencia los necesarios sometimientos a la Justicia de los responsables de esta práctica a todas luces punible.
Desde mucho antes se había venido denunciando la existencia de graves irregularidades en las finanzas de la OMSA, convertida en una especie de réplica a escala menor, del escándalo de la ODEBRECHT.
Pero fue preciso la comisión de otro crimen de gran impacto político para sacar a flote los multimillonarios negocios turbios en su seno, para que se haya iniciado el proceso penal contra los involucrados, tanto por el hecho de sangre como por los manejos ilegales aparentemente con las órdenes de reparación de los ómnibus, que mantenía una cantidad mayor de estos en talleres que en las calles, y ordenar la auditoría de la Cámara de Cuentas que debió haberse efectuado desde mucho antes.
Con los TUCANOS, después de tantas dilaciones y afirmaciones de que las investigaciones iban descubriendo nuevas complicidades, es ahora que se inicia el juicio que nos enteramos que de los 3.5 millones de dólares que la propia fabricante revela pagó de sobornos, la Procuraduría solo ha podido documentar 178 mil 650, lo que significa que es muy posible que el Estado se quede sin resarcimiento y los beneficiarios sin castigo.
El mismo caso de la ODEBRETCH anda tan a cámara lenta que luce haber caído en un limbo, mientras el presidente de la Cámara de Cuentas confiesa que debido a la falta de recursos no ha podido realizar la auditoría de las obras realizadas y en ejecución, cuyo costo final en todos los casos ha sobrepasado con mucho los presupuestos iniciales hasta un monto global que pudieran superar los mil 300 millones de dólares.
Esos y otros casos que sobrepasarían el espacio disponible son situaciones que colocan en entre dicho la Justicia y constituyen señales de alerta para el gobierno ante el problema de la corrupción, que se ha convertido en reto principal en la medida en que ha ido escalando peldaños de rechazo en las encuestas de opinión pública desde una sexta posición hasta servir de escolta al tema siempre puntero de la Seguridad Ciudadana, en la reciente Gallup, que se viene publicando.
Son como nubes oscuras que ensombrecen lo que de bueno pueda exhibir la gestión del Presidente Danilo Medina que pudieran transformarse en negros nubarrones de tormenta, y convertirse en un determinante factor de la continuidad o no de la ya larga permanencia del PLD al frente de los destinos del país más allá del 2020.