San José.- El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más demandaron este domingo justicia por la muerte del periodista Ángel Gahona, que recibió un disparo hace seis años cuando cubría unas manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega.
«A seis años del asesinato de Ángel Gahona seguimos exigiendo justicia», indicó en una declaración el PCIN, integrado entre otros por periodistas nicaragüenses en el exilio, y con sede en Costa Rica.
Gahona tenía 42 años y era director del noticiero El Meridiano cuando fue asesinado el 21 de abril de 2018, tres días después que estallaron las protestas contra el Gobierno de Ortega, que provocaron una crisis que dejó más de 300 muertos, recordó, por su lado, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, integrado por activistas nicaragüenses en el exilio y con sede en San José.
El periodista fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando transmitía en directo unas maniobras de la Policía nicaragüense para enfrentarse a una manifestación que era parte de las protestas contra el Ejecutivo, y, de acuerdo con el Colectivo, «hasta hoy este caso no ha sido investigado de forma imparcial por las autoridades de Nicaragua, quienes mantienen en la impunidad su asesinato».
ONG: el asesinato, inicio de un plan a gran escala contra el periodismo
La Justicia nicaragüense condenó por ese caso a dos jóvenes afrodescendientes, a 23 y 12 años y medio de prisión, fallo que fue rechazado por la familia, que culpó a la Policía. Los jóvenes fueron amnistiados a mediados de 2019.
«La dictadura en un intento por desviar la atención capturó a dos personas y en un proceso judicial lleno de vacíos e ilegalidades, rápidamente dio por cerrado el caso. Jamás contactaron a la familia de Gahona para escuchar sus testimonios y se omitieron pruebas y testigos que señalaban a la Policía y grupos paraestatales como los únicos que estaban armados en la zona», afirmó el Colectivo.
La familia de Gahona denunció el caso ante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua), que conformó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exigió que el Estado realizara una investigación imparcial.
Según el Colectivo, «este trágico hecho fue el inicio de un plan a gran escala de la dictadura de Nicaragua contra el periodismo independiente que ha consistido en amenazas de muerte, ataques, detenciones ilegales, campañas de difamación, destrucción de medios de comunicación y espionaje».
En tanto, para el PCIN, «el 21 de abril de 2018 la libertad de prensa en Nicaragua sufrió un duro golpe con el asesinato del periodista» y «a seis años de este crimen, su caso continúa en la impunidad, sin justicia para él ni para su familia».
Piden una investigación imparcial
Ese gremio reafirmó su compromiso de seguir luchando por la verdad y la justicia, e instó a la comunidad internacional llevar a cabo una investigación imparcial y expedita para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, «pues esto le compete al Estado de Nicaragua donde no hay respeto a las leyes ni los derechos humanos».
«Queremos que el pueblo nicaragüense recuerde el trabajo de Ángel y su compromiso con la verdad y el periodismo de calidad», agregó.
La periodista Migueliuth Sandoval, viuda del reportero asesinado, se asiló en Estados Unidos junto con su hija ante las amenazas que recibió de parte de policías y seguidores sandinistas.
En abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron «más de 300» y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
