Inmorales deducciones

Santo Domingo.– Es imposible pensar que todo lo que aspiramos se dará simplemente porque otros decidan hacerlo o dejar de hacerlo, las transformaciones sociales solo ocurren cuando una mayoría de voluntades se une para su consecución, lo que puede tomar años de esfuerzo, y no ocurre simplemente porque en una ley se establezcan mandatos.

Ley 33-18 y prohibición de descuentos obligatorios

Obligar a empleados de una entidad pública a contribuir con una facción política haciéndoles descuentos a sus salarios es no solo inmoral sino ilegal, puesto que la Ley 33-18 de Partidos Políticos en su artículo 25 numeral 9 prohíbe a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos “Imponer o aceptar requerimientos o deducciones de salarios a los empleados públicos o de empresas particulares, aun cuando se alegue que son cuotas o donativos voluntarios”.

Y esa disposición no está en la Ley 33-18 por casualidad, se incluyó en esta porque se entendió que era la forma de terminar con una vieja mala práctica en los partidos políticos, la cual lamentablemente no solo existe en estos, sino en otras organizaciones sociales como es el caso de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la cual como tantas veces se ha denunciado se beneficia de un descuento que se realiza a los maestros vía la nómina del Ministerio de Educación, de un 1% del salario y de 0.25% en el caso de los jubilados y pensionados bajo el fundamento de una disposición de sus estatutos, convirtiendo así el pago de una afiliación que debería ser voluntaria en obligatoria, gracias a la connivencia del Estado, sumas que por demás han sido manejadas sin la debida transparencia como ha sido denunciado por los propios maestros cada vez que se celebran elecciones en la ADP.

De igual forma en reiteradas ocasiones y muchas veces coincidiendo con la elección de un nuevo rector, la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD) ha denunciado descuentos injustificados y "exorbitantes" en los salarios de los docentes, los cuales según se ha dicho alcanzan hasta el 50%.

Prácticas en colegios profesionales y sindicatos

Es el caso también de los médicos que trabajan en instituciones del Estado, a quienes se les descuenta la cuota de afiliación al Colegio Médico Dominicano (CMD) vía la nómina del Ministerio de Salud Pública, y quienes aprendieron la práctica de los maestros y la fortalecieron, consiguiendo astutamente establecerla en el artículo 23 de la Ley 68-03 que creó su colegiatura como obligatoria.

Las malas prácticas se enquistan en las sociedades y cuesta mucho erradicarlas, aunque en alguna disposición legal se prohíban, pues años de uso y abuso tolerado y alimentado por temor a las confrontaciones y al costo político, pesan a veces más que el respeto a la ley, y muchos de esos mismos personeros que se acostumbraron a beneficiarse de los “mangos bajitos” de las deducciones obligatorias, pasan al otro lado de la escena a ser funcionarios públicos y aplican lo que están acostumbrados a hacer.

El escándalo suscitado por una denuncia periodística sobre supuestos descuentos realizados a empleados del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en beneficio de un movimiento político de su ex rector, no debe limitarse a que la oposición como es natural intente sacar partido haciendo ver que bajo sus gobiernos las cosas eran mejor, pues la realidad es que este vicio viene de muy lejos, y para erradicarlo se necesita ir más allá de este hecho en particular, para ahondar sobre estas perniciosas deducciones, y no solo en la arena política.

Ojalá que el colofón de esta denuncia no sea únicamente una destitución que marca una señal importante de tolerancia cero al irrespeto a la ley, tampoco bastaría el necesario proceso de investigación y sanción, necesitamos que se provoque un real debate que ponga al desnudo cómo por la vía fácil del descuento obligatorio se han aupado liderazgos y se ha convertido a colegios profesionales en apetecidos espacios de poder y lucro, en los que se confunde el noble objetivo de la educación, la salud o la justicia, con la supuesta defensa a ultranza de afiliados hasta frente a males acciones con tal de mantenerse como líderes para su propio beneficio.