Jean Alain y otras 17 personas pasan al “banquillo de los acusados” por corrupción

SANTO DOMINGO.- En la solicitud de allanamiento, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (Pepca) acusó al ex procurador general Jean Alain Rodríguez y a otras 17 personas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos, circunstancias agravadas del lavado.

En la operación Medusa, la Pepca acusa al ex procurador, Jean Alain Rodríguez, por la presunta sobrevaluación de las obras y equipos para reestructurar el laboratorio de ADN del Inacif. Calculado en euros y 59 por ciento más calculado en pesos dominicanos.

De acuerdo al acta de allanamiento, Rodríguez también utilizó recursos de la institución para beneficiar al movimiento político proselitista Renovación, que él dirigía cuando era director del CEI-RD.

Supuestamente con fondo de la PGR además fueron adquiridos equipos, mobiliarios y materiales para el citado movimiento político de apoyo al PLD.

Igual, según la Pepca, se utilizaron incautados en la campaña política vehículos que estaban bajo custodia de la Procuraduría, y se nombraron y pagaron con recurso públicos a los enlaces comunitarios que en realidad eran activistas políticos de campaña electoral de 2020.

La primera imputación descrita en el acta de allanamiento fue contra Miguel José Moya, y la empresa Desarrollo, Individuo y Organización DIO, SRL, que supuestamente recibió pago millonarios por servicios de capacitación que nunca brindó.

Esta empresa habría cobrado millones de pesos mediante cheques y transferencias bancarias desde 2018 hasta 2020 autorizados por Jean Alain Rodríguez y Jhonatan Joel Rodríguez sin soportes ni fechas de realización de las capacitaciones.

En ese caso también habría estado involucrado el director de carrera del MP, Víctor Lora Imbert.

Asimismo Rafael Mercede Marte, encargado de contabilidad, calculaba y recogía dinero en efectivo que luego era entregado en bultos a Jonathan Joel Rodríguez junto a Rafael Canó, quienes tenían incidencia en los procesos de compras para determinar quienes ganaban las licitaciones.

Igualmente en el proceso del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario supuestamente hubo un reparto de los beneficios. Alfredo Polanco y Jonathan Medina, encargado de la división compras, le tocaron los pozos sépticos; Amelio Escaño, encargada del Departamento de Compras, recibió el equipamiento médico; Jenny Marte Peña, encargada de proyecto del Plan, obtuvo por parte de la construcción. Supuestamente todo eso lo decidió Solano.

También los investigados Jonathan Joel Rodríguez y Rafael Antonio Mercede se beneficiaron con la compra de uniformes; en tanto que Rafael Solano se habría lucrado con la instalación de camas.

Igualmente, según la Pepca, para la adquisición de alimentos para los privados de libertad se conformaron grupos que tenían indicaciones de quienes no podían ganar las licitaciones.

Entre tanto, Rainiery Elizabeth Medina Sánchez reveló en interrogatorios que la empresa Soluciones Manzur, de Daniel Elías Manzur, alegado socio de Rafael Canó, “no prestó ningún servicio” pero cobró aproximadamente RD$50 millones a la PGR.

Otro delito atribuido a los encartados en la Operación Medusa es que Alejandro Forteza, director de tecnología de la información, emitía certificaciones ficticias de mercancías o equipos que no eran recibidos o se recibían incompletos. También se le atribuye haber alterado, borrado y eliminado datos de los servidores de la PGR.

De su lado, la investigada Altagracia Guillen utilizó materiales de construcción de la PGR para reparar su propiedad.

Con relación al investigado Ronny Concepción, de servicios general de la PGR, alegadamente colocaba más cantidad de empleados de lo que se iban a utilizar en las actividades para hacer uso del dinero destinado a dietas. Igual comportamiento tenía al investigado Miguel Reynoso Genao, quien alegadamente dividía el fondo operativo de la PGR entre él y los empleados de la institución.