REDACCIÓN.- El Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, declaró este martes fundada una demanda de amparo presentada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en contra de una ley que paralizaba la reforma universitaria en Perú.
La decisión del juzgado declaró nulo el procedimiento legislativo, aprobado por insistencia por el Congreso, que pretendía la modificación de varios artículos de la ley universitaria para, en la práctica, detener la reforma emprendida en 2015.
En ese sentido, la resolución ordena que el Congreso cumpla con observar el contenido de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional y el derecho a la educación universitaria de calidad al momento de ejercer su función legislativa.
La audiencia de amparo se realizó el pasado día 12, un día antes de que el pleno del Congreso aprobara por insistencia la ley que propone restablecer la autonomía de las universidades, en contraposición de las funciones de la Sunedu.
Entre las bancadas que habían apoyado la norma contra la reforma universitaria figuraban la fujimorista Fuerza Popular con 24 votos, el izquierdista Perú Libre con 12 votos, el Bloque Magisterial afín al mandatario, Pedro Castillo, con 10 votos y el conservador Acción Popular con 8 votos.
En tal sentido, el ente rector de la educación superior tenía que volver a tener en el consejo de la Sunedu a representantes de las universidades elegidos por sus rectores, dejando de lado la independencia que tenía para cumplir sus funciones de mejora de la calidad educativa.
La norma que había sido observada por el Ejecutivo, fue aprobada inicialmente por el Legislativo en febrero pasado y ratificada en mayo último.
Con la aprobación de la ley, la Sunedu queda desposeída de autoridad y funciones para continuar la reforma universitaria, cuyo objetivo es dar licencias a las casas de estudio públicas y privadas que cumplan unos estándares mínimos de calidad.
Asimismo, puede quedar en suspenso el proceso de cierre de las 48 universidades que no lograron cumplir con esos estándares mínimos, algunas de las cuales tienen actualmente como congresistas a sus máximos directivos.
