La contraloría general de la república en la transición de 1996: memoria de una gestión y sus consecuencias
La Contraloría General sometió a la justicia a altos funcionarios, reafirmando la independencia del control del gasto público.
Santo Domingo.– En 1996, el último año de gobierno del presidente Joaquín Balaguer, el Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos de la República Dominicana ascendía aproximadamente a 25,000 millones de pesos. Se trataba de un Estado de dimensiones financieras modestas si se le compara con el volumen presupuestario de décadas posteriores, pero no por ello exento de tensiones políticas, administrativas y éticas propias de una compleja transición de poder.
Contraloría General y transición política en 1996
En ese contexto, fui designado Contralor General de la República desde el 5 de febrero hasta el 19 de agosto de 1996, es decir, durante los meses finales del gobierno del presidente Balaguer y en pleno proceso de cambio político hacia la administración del presidente Leonel Fernández.
Tras mi salida de la Contraloría General de la República, me sucedió Simón Lizardo Mézquita, quien posteriormente fue sustituido por Iván Hoe NG Cortiñas. Ambos ejercieron como Contralores Generales de la República durante el gobierno del presidente Leonel Fernández (1996–2000).
Procesos judiciales vinculados al PEME y funcionarios públicos
Años más tarde, ya bajo el gobierno del presidente Hipólito Mejía, tanto Simón Lizardo como Iván Hoe NG Cortiñas fueron sometidos a la justicia y llevados a prisión, junto al entonces Secretario Administrativo de la Presidencia, Diandino Peña.
El gobierno de Hipólito Mejía los acusó de haber sido cómplices en la provisión y manejo irregular de fondos del PEME (Programa de Empleo Mínimo Eventual), un programa de asistencia social orientado a sectores pobres y vulnerables, ejecutado entre 1996 y 2000.
Como parte de ese proceso judicial, Simón Lizardo, Iván Hoe NG Cortiñas y Diandino Peña permanecieron varios meses en prisión, junto a Luis Inchausti, director del PEME.
Durante mi gestión como Contralor General de la República, sometí a la justicia al Ministro de la Presidencia Rafael Bello Andino, uno de los hombres de mayor confianza del presidente Joaquín Balaguer, reafirmando el principio de que el control del gasto público no puede subordinarse a jerarquías políticas ni a lealtades personales.