El país tiene casi año y medio sumido en una pandemia, con consecuencias sanitarias, económicas y emocionales, medidas en términos de enfermos, fallecidos, desempleados, disminución de ingresos, negocios afectados o cerrados, pero con un saldo positivo si atendemos el número de vacunados y sanados, el relativo crecimiento económico, la paulatina recuperación del turismo y la asistencia social fluida en administraciones de dos partidos diferentes. Pudimos salir exitosamente de un conato de crisis electoral, la gente votó pacíficamente, con transparencia electoral, hicimos una tranquila transición de gobierno a oposición, como otras veces en nuestra historia reciente (1986-1996-2000-2004-2020) y el nuevo gobierno ha iniciado con amplio apoyo popular y la renovada esperanza del pueblo dominicano. En comparación con otras naciones, no estamos tan mal. Mejor aún, vamos bien.
Y, sin embargo, avizoramos elementos muy preocupantes. Hace poco en esta columna resaltábamos la popularidad del autoritarismo: al 68 % de los dominicanos no le importaría tener un gobierno no democrático, siempre y cuando sea eficaz. A esto se suma que al necesario, legítimo y justo clamor por acabar con la impunidad de la corrupción, auspiciado por una loable actitud de fomento a la transparencia pública y respeto a la independencia judicial por parte del presidente Luis Abinader y de la Procuradora General de la República, se le ha respondido con un accionar de algunos representantes del Ministerio Público y de los elementos del pacto diabólico prensa-redes sociales-sistema penal que ponen en entredicho las bases del debido proceso, al fomentar la destrucción de la presunción de inocencia, los juicios paralelos y, en sentido general, el lawfare, con una fuerza de terror preventivo digna de los horrorosos tiempos de los comités de salud pública de la Revolución francesa y que amenaza con no detenerse ante ningún límite constitucional.
Parecería que hay quienes apuestan a una estrategia de la crispación, que fomenta la deslegitimación permanente y sistemática del adversario y el desacuerdo estructural y que no deja pasar una oportunidad para no solo tratar de invalidar a la oposición sino también amenazar al gobierno con la aprobación de golpes de estado macroeconómicos como el retiro del 30% de las pensiones que echaría por el suelo la estabilidad de precios tan firmemente mantenida en los últimos 17 años. Esto sin contar con la dictadura de las redes que le traza pautas al gobierno desde los populistas bancos de ira digitales. No nos gobierna una partidocracia ni una tecnocracia. No se trata de políticos subordinados a sus partidos o a las grandes empresas. Ni de empresarios metidos a políticos a la Berlusconi. No. Es la paulatina emergencia de un gobierno demagógico-virtual, que solo espera su encarnación mesiánico-populista y que no se someterá a los dictados ni de los partidos, ni de la burocracia ni de la burguesía.
Josu de Miguel cuenta que, en Cataluña, se pensó que “el mundo de la empresa pondrá en su sitio a los independentistas”. Pero eso no pasó: “los empresarios catalanes no movieron un solo dedo para torcer la voluntad de los políticos nacionalistas y la Generalitat disciplinó sin apenas resistencia todos los resortes de la ‘sociedad civil’. Siguiendo la estela del nacionalismo vasco, puso en orden a los movimientos sociales, sindicatos, mundo empresarial, medios de comunicación, Iglesia catalana y universidad. Todos a una con el derecho a decidir salvo honrosas excepciones”. Lo mismo pasó en la Venezuela de Chávez: los empresarios y la sociedad civil se plegaron al poder populista. Pero hay algo peor que la autonomía del gobierno y de los políticos: que los políticos no gobiernen, sino que, en lugar de ellos, lo hagan los poderes invisibles de las redes.
Momentos como los que vivimos, agravados con la activación del polvorín haitiano -que en el mejor escenario termina con un gobierno provisional, un fideicomiso internacional y elecciones democráticas y, en el peor, con una “democracia” populista impulsada por Cuba, Venezuela, Rusia y China- amenazando la estabilidad política y socioeconómica del país, deberían convocar a unirnos como pueblo en una amplia concertación nacional, motorizada por los partidos, principalmente el PRM y el PLD, lidereada por el presidente Abinader, tendente a consensuar las grandes, imprescindibles e impostergables reformas económicas e institucionales. Este es el tiempo para hacerlo. Mejor dicho, el último chance para unirnos como nación en un propósito común por encima de banderías políticas. Si esperamos más tiempo será tarde. Dentro de poco estaremos sumidos en una vorágine político-electoral con la que solo podrá competir el circo judicial que parece indefectiblemente avecinarse.
