La pena de muerte en las calles de Roma
La Plaza del Popolo en Roma fue escenario de ejecuciones públicas, reflejando la justicia bajo el régimen pontificio.
Santo Domingo.– En las calles de Roma, donde la historia no se lee en los libros sino en las piedras, hay nombres que parecen murmurar cuando el sol cae sobre las fachadas ocres y el rumor de los pasos se mezcla con el eco de los siglos.
Durante once años, quien escribe atravesó con frecuencia una breve vía que conduce a algunos de los lugares más notables de la Ciudad Eterna.
Era un trayecto corto, casi trivial, pero cada vez que lo recorría sentía que caminaba sobre una página decisiva de la conciencia jurídica de Europa.
La calle llevaba el nombre de Giuseppe Zanardelli, y ese nombre, que para el transeúnte distraído puede ser apenas una señal urbana, es en realidad el símbolo de una revolución moral silenciosa.
Zanardelli, ministro de Justicia del Reino de Italia, logró en 1889 lo que durante siglos había parecido imposible: que el Estado renunciara, en nombre del derecho, al poder de quitar la vida.
Su Código Penal —el célebre Codice Zanardelli— abolió la pena capital para los delitos civiles en la Italia unificada, inaugurando uno de los avances jurídicos más audaces y humanistas de la Europa moderna.
Pero aquella victoria no nació de la nada. Tenía raíces profundas en la Ilustración lombarda del siglo XVIII, cuando un joven milanés llamado Cesare Beccaria escribió un libro que parecía destinado a incomodar a todos los tronos y a todos los cadalsos: Dei delitti e delle pene (1764).
En esas páginas, Beccaria sostuvo con serenidad revolucionaria que el Estado no podía arrogarse el derecho de matar, porque ese derecho nunca había sido cedido por los ciudadanos en el pacto social. Nadie puede disponer legítimamente de su propia vida; menos aún transferir ese poder a la comunidad política.
La tesis era sencilla y, por ello mismo, devastadora. Si la ley nace para proteger la vida y la dignidad, ¿cómo puede convertirse en instrumento de muerte?
Beccaria observó, además, que la pena capital no prevenía el delito con mayor eficacia que una condena perpetua. La ejecución es un relámpago que la memoria colectiva olvida; la prisión perpetua, en cambio, es una sombra larga que recuerda cada día la fuerza de la ley. Con ese razonamiento, la razón ilustrada comenzó a sustituir al terror ejemplar del antiguo régimen.
Más profunda aún fue su crítica moral. Para Beccaria, el Estado que mata para enseñar a no matar incurre en una contradicción insuperable: se convierte en modelo de la misma violencia que pretende erradicar. La ley, que debería civilizar las costumbres, termina legitimando la crueldad. De ese modo, la pena deja de ser justicia y se aproxima peligrosamente a la venganza del soberano.
La fórmula que resumía su pensamiento recorrió Europa como una sentencia luminosa: la pena de muerte no es útil ni necesaria. Aquella idea influyó en Voltaire, penetró en los códigos penales del continente y, más de un siglo después, encontró su traducción jurídica definitiva en la obra legislativa de Zanardelli.
La abolición italiana de 1889 fue, en realidad, la consecuencia histórica de una revolución filosófica iniciada en Milán en 1764.
Así, la tradición jurídica italiana trazó un arco que va desde la razón ilustrada hasta el constitucionalismo humanista: la pena dejó de ser un acto de soberanía absoluta y pasó a concebirse como instrumento limitado por la utilidad pública, la proporcionalidad y la dignidad humana.
El delincuente dejó de ser un enemigo a eliminar y comenzó a ser un sujeto a corregir dentro del orden jurídico. Con ello nacía la idea moderna de resocialización de la pena, que hoy atraviesa todo el derecho penal contemporáneo.
Sin embargo, Roma conserva también las huellas de un tiempo anterior, cuando la justicia se administraba en plazas públicas y la muerte formaba parte del espectáculo pedagógico del poder.
Cerca de la Porta del Popolo, una placa instalada en 1909 recuerda los nombres de Angelo Targhini y Leonida Montanari, ejecutados en 1825 por orden del papa León XII.
Eran patriotas liberales que aspiraban a un gobierno constitucional en los Estados Pontificios y que, tras su muerte, fueron considerados mártires del Risorgimento italiano.
La Piazza del Popolo, hoy espacio luminoso y turístico, fue durante siglos escenario de ejecuciones públicas bajo el régimen pontificio. Allí, la justicia se exhibía como escarmiento y la multitud asistía, entre el miedo y la curiosidad, al acto supremo del poder temporal de la Iglesia. La memoria pétrea de la plaza conserva todavía ese contraste entre la belleza monumental y la violencia institucional que marcó a la Europa premoderna.
Cuando uno camina por esas calles, comprende que la abolición de la pena de muerte en Italia no fue solo una reforma jurídica, sino un cambio de civilización.
Antes de que el propio poder papal renunciara definitivamente a ese instrumento extremo, el Estado liberal italiano había traducido en ley la aspiración humanista de Beccaria: que la justicia dejara de confundirse con la sangre.
Los nombres de Zanardelli y Beccaria dialogan, así, en silencio con los de Targhini y Montanari. No se enfrentan como enemigos, sino como símbolos de dos épocas: una en la que el poder se afirmaba mediante la muerte pública, y otra en la que la autoridad del Estado comenzó a medirse por su capacidad de preservar la vida incluso de quienes habían violado la ley.
Quien recorrió aquella breve vía romana durante sus años como embajador comprendió que la historia del derecho no se escribe solo en códigos y sentencias, sino también en calles, plazas y placas que obligan a recordar.
Allí, entre el murmullo del tráfico y el peso invisible de los siglos, se percibe que la humanidad avanza lentamente, como si dudara de cada paso, pero avanza.
Y que, cuando un Estado decide no matar en nombre de la justicia, no solo cambia su legislación: transforma, en lo más profundo, la conciencia moral de la civilización.